Auditoría Superior detecta pésima protección de datos

Halló sobrecostos y deficiencia en servicios adquiridos; dice que las instituciones del Estado no aplican correctamente los recursos para garantizar que toda la información que manejan esté segura.
La SRE contrató una empresa para agilizar el trámite de pasaportes, con malos resultados.
La SRE contrató una empresa para agilizar el trámite de pasaportes, con malos resultados. (Especial)

México

El buen uso de las tecnologías en algunas secretarías del gobierno federal y organismos que usan dinero público parece ser un dolor de cabeza. En distintas auditorías hechas sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, ninguna de las dependencias logró un desempeño óptimo.

De hecho, prácticamente en todas se hicieron recomendaciones, debido a que el dinero no se ocupaba de manera correcta, porque los objetivos de hacer más confiable, seguro o eficiente cualquier tipo de servicio que tuviera que ver con la dependencia no se cumplieron.

Las auditorías hechas a Banobras, SAT, CNBV, INE, Archivo General de la Nación y SRE tuvieron recomendaciones por no cumplir con la normatividades para garantizar que la información que manejan las dependencias esté segura.

Además, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verifica que se contrataron los mejores planes y proveedores de servicios, en prácticamente ninguno de los casos se logró.

Por ejemplo, en la auditoría hecha al SAT se determinó que se hicieron adjudicaciones directas que permitieron que un proveedor únicamente revendiera un producto con sobreprecio, además que la dependencia tuvo que pagar costos adicionales de entre 25.3 y 20.3 por ciento, es decir, el SAT tuvo que pagar 63 millones de pesos más de lo presupuestado por un servicio.

En el caso de Relaciones Exteriores, cuando contrató una empresa para la concertación de citas para trámites y servicios consulares por teléfono, la empresa ya venía operando con deficiencias y aún así se siguió el contrato.

Según la ASF, el proveedor fue penalizado durante 2014 por no cumplir los niveles de servicio establecidos, pero el castigo se le aplicó mal y solo se le cobraron 6 millones de pesos por una falla por la que debía pagar 29 millones de pesos.

En el caso de las auditorías hechas a la Secretaría de Gobernación se detectó que ejercieron 64 millones de pesos para tener tecnología que ayude a generar y resguardar la CURP; sin embargo, detectaron algunas deficiencias al momento de recabar los datos con los que se registran.

También se estiman sanciones no aplicadas por un millón y medio de pesos relacionadas con el contrato de Actualización del Sistema de Nómina y Recursos Humanos, por el retraso en la entrega de memorias técnicas de aplicación y bases de datos.

Otro caso se ubica en el INE, donde el sistema electrónico de información pública sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, identificado como CompraINE, fue implementado el 14 de febrero de 2014, pero el Reglamento del Instituto Federal Electoral para adquisiciones, arrendamientos de muebles y servicios, señalaba que debió ser el 31 de diciembre de 2013, dos meses antes.

Hasta octubre de 2015, este sistema, por el que se pagó 9 millones de pesos, solo era utilizado para capacitación y ejecución de casos en el ambiente de pruebas.