Perfilan derrota para la CNTE en la Suprema Corte

Propone el ministro Fernando Franco González Salas a sus homólogos negar la protección de la justicia a los quejosos, al considerar que la evaluación docente “no es inconstitucional”.
El pleno del máximo tribunal del país continuará hoy con la discusión del tema.
El pleno del máximo tribunal del país continuará hoy con la discusión del tema. (Jorge González)

Ciudad de México y Oaxaca

El interés superior del niño está por encima de las relaciones laborales del personal docente que presta sus servicios al Estado, dijo el ministro Fernando Franco González Salas al comenzar la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de uno de los 26 amparos interpuestos contra la reforma educativa.

El ministro propuso a sus homólogos negar la protección de la justicia a los quejosos, al considerar que la reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente, que prevé la evaluación para los maestros que tienen nombramiento provisional o definitivo, "no es inconstitucional".

Explicó que a raíz de la reforma constitucional en materia educativa se creó un "régimen de excepción" para las relaciones laborales de los maestros al servicio del Estado.

Las bases del citado régimen, agregó, no solo se encuentran en el artículo 123 constitucional, sino fundamentalmente en el artículo tercero y sus bases reglamentarias, "que sin duda tienen como fundamento proteger el derecho de los niños y niñas (prevista) en el artículo cuarto a una educación de calidad".

Los tribunales federales están a la espera de que la Corte resuelva los 26 amparos que están divididos en seis bloques y que impugnan la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Una vez que el máximo tribunal de justicia emita su sentencia, los órganos judiciales estarán en posibilidad de resolver más de 7 mil amparos, la mayor parte de ellos colectivos, promovidos por al menos 150 mil quejosos y que están pendientes de resolución desde mayo de 2014.

Los proyectos de sentencia elaborados por el ministro González proponen negar el amparo a los inconformes que forman parte de cada una de las 26 demandas de garantías interpuestas por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la disidencia congregada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Discusión

Antes de que el ministro González comenzara a abordar el principal asunto de fondo, la evaluación de los maestros, el pleno de la Corte trazó la ruta para abordar el tema de la reforma educativa.

Y es que los amparos que serán materia de estudio no solo impugnan la evaluación, sino también la retroactividad de la ley, violación al derecho de audiencia y a la libertad de trabajo.

Respecto al tema de la evaluación, el ministro ponente comentó que la fracción IX del artículo 123 señala que los trabajadores al servicio del Estado solo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.

Puntualizó que dicha disposición se refiere a aquellos que tengan un nombramiento de base.

Sin embargo, detalló que la regla general antes mencionada admite diversas excepciones, previstas también a nivel constitucional, entre ellas, la que deriva de la reforma al artículo tercero constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

Recordó que el artículo tercero establece que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

González comentó que el hecho de que el artículo octavo transitorio, en relación con los numerales 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, prevea la evaluación obligatoria para los maestros, y que en caso de no aprobar la consecuencia sea la readscripción para continuar con otras tareas dentro del servicio distinto a la función docente, o la posibilidad de incorporarse a los programas de retiro, no resultan inconstitucionales.

De igual manera, el hecho de que el artículo noveno transitorio prevea que ante la obtención de un resultado desfavorable en su tercera evaluación (ya que tienen tres oportunidades para aprobar), los docentes que a la fecha de entrada en vigor de dicha ley serán separados del servicio si contaban con un nombramiento provisional, esto tampoco resulta inconstitucional.

A su vez, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, pidió continuar la discusión del tema hoy, porque tenían que abordar en sesión privada otros tópicos ajenos al tema educativo.

Dijo que los temas planteados por el ministro González Salas "son realmente importantes y ameritan desde luego una consideración amplia de cada uno de los ministros", por lo que este martes continuará el debate.

Inconformes acuden a radiodifusoras

Un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) logró tener acceso por voluntad de los concesionarios de radio a sus instalaciones en Oaxaca, para hacer uso de los micrófonos y emitir al aire mensajes de rechazo a la evaluación que aplica la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Las brigadas de no más de 30 docentes, liderados por sus jefes de sector, arribaron a cada una de las 10 estaciones de radio de la ciudad, donde además de realizar mítines políticos solicitaron a los gerentes de estaciones espacio para expresar mensajes alusivos a su lucha.

Las representaciones de los docentes fueron recibidas y, luego de dialogar con los responsables de las radiodifusoras y concesionarios, obtuvieron los permisos y la anuencia para emitir sus mensajes de 15 y 20 minutos al aire, interrumpiendo la programación regular de las estaciones. En otros casos, donde había cadena nacional, solo se grabó el mensaje con la promesa de que se transmitiría en horas posteriores, dentro del tiempo estatal.

Gustavo Manzano, secretario técnico de la gremial, fue el responsable de hablar en los micrófonos, desde donde advirtió al gobierno federal que la reforma educativa federal y ninguno de sus lineamientos pasarán en Oaxaca.