Perfilan anular ultraje a la autoridad en la CdMx

Activista impugnó las reformas al Código Penal que contemplan hasta dos años de prisión; el lunes se emitirá el fallo en la Corte.

México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el debate de un amparo promovido por la activista Norma Angélica Rangel Salazar, quien impugnó las reformas que castigan en la Ciudad de México los ultrajes a la autoridad con penas de seis meses a dos años de prisión, norma que está a punto de ser declarada inconstitucional.

Seis de siete ministros se pronunciaron por anular el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México.

Sin embargo, esa mayoría que suma los votos necesarios para invalidar la norma se manifestó por razones distintas; unos ministros argumentaron que viola la libertad de expresión, mientras que otros dijeron que solo presenta un problema al principio de taxitividad, es decir, que la redacción del precepto no es clara y precisa y por ende, que se puede incurrir en un abuso de autoridad.

Aún faltan cuatro ministros por expresar el sentido de su voto, por lo que será hasta el próximo lunes cuando la Corte emita su fallo.

Una vez que termine la discusión de este caso se abordará el amparo de la activista Gabriela Hernández Arreola, quien también impugnó el artículo, pero el proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone negarle la protección de la justicia. No obstante, el Pleno definirá este asunto en el mismo sentido en el que resuelva el de Angélica Rangel.

José Ramón Cossío Díaz, ministro ponente, propuso otorgar el amparo a Rangel Salazar, quien fue detenida en 2014 por insultar durante una manifestación a policías capitalinos, sucesos que provocaron que fuera sentenciada por la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Ante esa situación, la mujer promovió un amparo, pero el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito resolvió negarle la protección de la justicia bajo el argumento de que el citado numeral no vulnera derechos humanos y, por ende, es constitucional. Rangel interpuso un recurso de revisión, el cual llegó a la Corte.

El artículo 287 del Código Penal para la CdMx establece lo siguiente: “Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días”.

Cossío dijo que el precepto impone una limitación a todas las personas a su derecho a expresarse libremente.

Pardo Rebolledo declaró que la norma es constitucional. Empero, el ministro Fernando Franco González Salas dijo que presenta un problema de taxitividad; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena comentó que sí atenta contra la libertad de expresión, un “derecho que me parece de los más importantes para el desenvolvimiento de una democracia como en la que vivimos”.

Norma Lucía Piña Hernández declaró que hay un problema de taxitividad; Eduardo Medina Mora subrayó que “no es posible inferir que una manifestación verbal agresiva o incluso en extremo insultante a un elemento de la policía en un contexto de ejercicio de facultades en la vía pública, como sucede por ejemplo con el Cuerpo de Granaderos, constituya una conducta que en sí misma lesione el bien jurídico tutelado por la norma hoy impugnada”.