Plan de Peña para combatir inseguridad, incompleto

Organizaciones civiles indicaron que el gobierno federal debe garantizar el derecho a protestar libremente y que las instituciones de justicia garanticen los derechos de los manifestantes.
Organizaciones gubernamentales señalan que el plan presentado por el presidente Peña Nieto es tardío.
Organizaciones gubernamentales señalan que el plan presentado por el presidente Peña Nieto es tardío. (Moisés Rafael Durán Frías)

Ciudad de México

Diversas organizaciones a favor de los derechos humanos manifestaron que el plan de diez acciones para combatir la inseguridad presentado por el presidente Enrique Peña Nieto está incompleto, ya que debe garantizar el derecho a protestar libremente y que las instituciones de justicia garanticen los derechos de los manifestantes sin realizar detenciones arbitrarias como ocurrió el pasado 20 de noviembre.

“No podemos esperar a que haya tanta crisis en materia de derechos humanos para dar una respuesta y que la respuesta sean leyes. Necesitamos también la implementación, que el tema de derechos humanos sea prioridad desde el principio y no cuando tenemos un Tlatlaya o un Ayotzinapa, violaciones tan graves a derechos humanos que nos hacen reaccionar y que no responden necesariamente a lo que se necesita en este momento”, dijo Mónica Oehler, representante de Amnistía Internacional México.

Por su parte, Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, agregó que el plan presentado por el presidente Peña Nieto es un plan tardío, ya que después de dos años de violencia salen esta serie de propuestas que tuvieron qué haber sido de las primeras durante su mandato para garantizar el estado de derecho.

Destacó que la estrategia no fue por voluntad del mandatario ni de las instituciones, sino que “es obligada por las circunstancias que han estado pasando desde Tlatlaya, lo de Iguala, lo del 20 de noviembre; salen varias propuestas que él ya había prometido desde campaña”.

A su vez el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, recalcó que los 10 puntos no resuelven la corrupción, la impunidad ni la manipulación política del sistema de justicia, y que esos tópicos son los que deberían estar en el centro de atención del gobierno federal.

Los integrantes de las organizaciones no gubernamentales dijeron que hay qué observar el desarrollo de estas leyes y cómo funcionan, ya que no consideraron la inclusión de los niños, niñas y adolescentes.

Sobre la ejecución y decapitación de 11 personas en Chilapa, Guerrero, agregaron que en esa entidad la intervención no quede sólo en las autoridades locales y que esta situación requiere también que se piense en comisiones internacionales que vigilen la actuación de las autoridades, además de que se debe poner atención en la cadena de omisiones en las investigaciones que realizan las instituciones de justicia en ese estado.

Los representantes mencionaron que estarán al pendiente del pronunciamiento del juez sobre el caso de los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre, el cual será dado a conocer mañana al medio día y ya conocido el veredicto verán qué acciones proceden después.

Así mismo, hicieron un llamado a la población para que a través de las redes sociales se manifiesten sobre este caso y el derecho a protestar libremente y en forma pacífica el próximo 1 de diciembre al hacer uso del hashtag #LibresYa y #ProtestaLibre.