Con Peña Nieto se sanciona a 26 funcionarios cada día

Las penas económicas ascienden a 3 mil mdp; la dependencia con más castigados es la PF, con 2 mil 387.

México

El gobierno federal suspende, sanciona o inhabilita a 26 funcionarios cada día, uno por hora. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se castigó a 15 mil 323 servidores públicos.

Las investigaciones resueltas contra los funcionarios han llevado a la persecución penal de al menos una veintena, en su mayoría de afiliación panista, en especial cuando se vinculan con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), durante la administración de Juan Molinar Horcasitas.

Uno de los casos es el de José Alberto Licón Ávila, ex director general de Transporte, por uso indebido de funciones para adjudicar una obra en Tlaxcala, la cual se calculó en 316 millones 794 mil pesos y requirió de suministros e instalación de señalamientos.

Otro de los funcionarios sancionados es Dalvingh Iturríos Corrales, a quien se le abrió la investigación PCD-215/2012, que concluyó en 2013. A este director de Administración de la Conagua solo se le amonestó públicamente. Sin embargo, se le abrió un expediente penal por robo de dos vehículos, presuntamente vinculados a una constructora.

Según la Secretaría de la Función Pública, las sanciones económicas para quienes han cometido irregularidades al interior del gobierno ascienden a 3 mil millones de pesos, lo que cubriría el presupuesto que la Secretaría de Salud tiene asignado para el desarrollo de las comunidades indígenas, o bien lo que la Secretaría de Gobernación requiere para desarrollar el Programa Nacional de Prevención del Delito, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2013.

Con investigaciones concluidas de 2013 y lo que va de 2014 —incluyendo los días que han transcurrido de junio—, el gobierno federal encontró elementos para inhabilitar a 3 mil 329, suspender a 4 mil 516 (el castigo más concurrido) e imponer una sanción económica a mil 10 trabajadores de diversas dependencias.

El resto de los castigos aplicados contra quienes laboran en el gobierno de la República se da como amonestación privada o pública, pero no implican mayores consecuencias en su desempeño.

Otro de los casos registrados tiene que ver con investigaciones que se siguen contra un mismo servidor público en distintas etapas, por ejemplo, el de Raúl Antonio Iglesias Benítez, a quien se inhabilitó hasta por 10 años, sanción que concluía en 2022, pero interpuso un recurso durante el proceso legal.

Fue así como el expediente PCD-080/2012 se desechó y solo se le aplicaron siete meses de castigo; sin embargo, tiempo después se abrió el expediente PCD0402/2013 por violaciones a la Ley de Transparencia, por lo que se le dictó otra inhabilitación.

Personal de prácticamente todas las dependencias federales han tenido al menos una amonestación privada por irregularidades en los procesos de adquisición, administración o adjudicación de contratos.

La dependencia con el mayor número de funcionarios sancionados es la Policía Federal, que acumula 2 mil 387; no obstante, la que acumula el monto más alto de sanciones económicas es la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Nueve funcionarios fueron destituidos en abril con una sanción económica por 111 millones 464 mil pesos. En ese mismo conjunto se reportaron 16 suspendidos.

Ese mismo mes, otra dependencia recibió una sanción después de que se detectaran conductas irregulares en ocho servidores públicos, cinco de los cuales fueron inhabilitados y pagaron 242 millones de pesos. 

Otra que acumuló una de las multas más altas por irregularidades registradas en sus procesos fue la Dirección de Prevención y Readaptación Social, que acumula 242 millones 131 mil 146 pesos, que deberán subsanar cinco funcionarios que también fueron inhabilitados.

La dependencia que más irregularidades en la conducta de sus funcionarios registra es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que cada mes acumula al menos una amonestación privada.

Otras con mayor incidencia en sanciones son el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y Petróleos Mexicanos (Pemex). De continuar esta tendencia, en 2014 se rebasará el número de funcionarios castigados, pues ya se inhabilitó a 61 por ciento respecto a l cifra de 2013.

Del total de sanciones económicas en dos años, 2013 acumula 65 por ciento y 2014 54 por ciento.



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