PRI local exige dar marcha atrás a permuta con Alfa

El diputado priista Edgar Romo indicó que de no iniciar el municipio sampetrino un juicio de Lesividad, podrían el alcalde y el Ayuntamiento merecer sanciones administrativas o juicios políticos.

Monterrey

Al considerar que existen violaciones al propio Plan de Desarrollo Urbano del municipio y sus reglamentos de zonificación, el líder de la bancada local del PRI en el Congreso del Estado, Edgar Romo, exigió al municipio de San Pedro iniciar un Juicio de Lesividad en contra de la permuta con el Grupo Alfa.

Y es que luego de que MILENIO Monterrey diera a conocer que el proyecto de Carrizalejo también obtuvo el cambio de uso de suelo a Comercial y de Servicios pese a que se trata de una zona habitacional, las críticas no se hicieron esperar.

Al respecto, el coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado señaló que aunado a las violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano que denunciaron la semana pasada, también el municipio se encuentra violentando sus mismos reglamentos, por lo que exigió dar marcha atrás a la permuta.

Incluso, Edgar Romo advirtió que de no iniciarse este procedimiento administrativo el alcalde y el mismo Ayuntamiento podrían merecer sanciones administrativas e incluso ser sometidos a juicios políticos.

"Pensamos que si la autoridad municipal, el actual alcalde, Ugo Ruiz Cortés, y el Ayuntamiento, para promover un juicio de Lesividad contra ese acuerdo o para anular ese acuerdo, finalmente pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa y política también...

"Creemos que el asunto es grave, porque es un tema de contenido económico, donde se van a enriquecer muchas personas en base a un permiso municipal", explicó Romo García.

El juicio de lesividad es el medio legal que tienen las autoridades administrativas para revertir una resolución emitida por ellas en favor de un particular y que se considere contraria a la ley y cause un perjuicio al Estado, sus requisitos y su procedimiento es similar al del juicio contencioso administrativo y se puede encontrar en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En este sentido, el líder de la bancada del PRI señaló que se trata de la mejor salida ya que existen violaciones claras a la ley.

"Es totalmente ilegal e ilógico que el área que te corresponde o ese 17 por ciento que te corresponde ceder, lo cedas en otro inmueble distinto a donde vas a realizar el proyecto, eso no es más que una fechoría, un descaro del municipio, en donde sin importarles se ponen a hacer negocios con las finanzas públicas", señaló.

El 31 de marzo de 2011 se celebró un convenio entre el entonces alcalde, Mauricio Fernández y Grupo Alfa, condicionado a que el municipio recibiera un área municipal como compensación de lo que le correspondía por el Proyecto Carrizalejo, y para la construcción de un cuartel de seguridad que finalmente no se edificó, así como para campos deportivos municipales.