Ya despachan 46 jueces del nuevo sistema acusatorio

Para diciembre de 2018, el Poder Judicial prevé que existan 44 centros de justicia federales; uno por cada entidad y en algunos hasta dos o tres.
Afirman que la nueva generación de jueces está totalmente capacitada para afrontar diversos temas.
Afirman que la nueva generación de jueces está totalmente capacitada para afrontar diversos temas. (Cuartoscuro/Archivo)

México

A diferencia de lo que sucede a escala estatal y en otras instancias federales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) “ha cumplido en tiempo y forma” con los objetivos que trazó para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, el cual se aplica en 15 de las 32 entidades federativas del país.

El PJF cuenta con una nueva generación de 220 jueces especializados, 46 de ellos que ya despachan en los 15 estados del país donde se aplica el nuevo modelo de justicia adversarial, indica un informe ejecutivo.

Para diciembre de 2018, este poder tiene previsto que existan 44 centros de justicia penal federal con 181 salas y 310 jueces de distrito; habrá un centro por cada entidad, pero en estados “complicados” habrá dos o hasta tres (en el Distrito Federal se contemplan tres, cada uno de ellos en los reclusorios preventivos norte, sur y oriente; también, en Baja California).

Los terrenos donde se construyeron estos centros de Justicia —que  ya están en funciones— fueron donados en su mayoría por los gobiernos estatales y otros los adquirió el Poder Judicial de la Federación, el que también, para aminorar recursos, tuvo que acondicionar instalaciones propias.

Por la naturaleza de los casos que atienden estos nuevos jueces federales los asuntos no podrán llegar a la conciliación, ya que se trata de delitos de alto impacto.

A escala estatal existe una estimación de que 70 por ciento de los casos se resuelvan por la vía de la conciliación, por tratarse de conflictos entre particulares.

Los estados donde el sistema de justicia a escala federal está operando son: Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.

Se tiene previsto que para el próximo 29 de febrero este sistema comience a regir en Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco.

También se tiene estimado que el 29 de abril de este año Campeche, Guerrero, Michoacán y Veracruz se sumen. La última etapa entraría en vigor el 14 de junio de 2016, es decir, cuatro días antes de que se cumpla el plazo de ocho años que se estableció para la entrada en vigor del sistema. Esto sería en Baja California, Sonora y Tamaulipas.

De acuerdo con funcionarios del PJF, la nueva generación de juzgadores para atender juicios orales está totalmente capacitada para afrontar diversos temas, incluido el de la delincuencia organizada.

Indicaron que también abrieron la puerta —por medio de transferencias— para que el personal judicial que viene juzgando con el viejo sistema se pase al nuevo, medida que no es obligatoria.

Puntualizaron que en los estados considerados conflictivos y donde opera el sistema no existe todavía una carga de trabajo. Guanajuato y Puebla son las entidades que sí enfrentan cargas, principalmente porque aumentó el delito de robo de hidrocarburos y el de portación de armas de fuego.

Los funcionarios consultados aseguraron que la capacitación es permanente en los dos rubros responsabilidad del PJF: juicio de amparo y operación directa del sistema en el ámbito federal. En algunos casos, añadieron, los juzgados de amparo serán los que tengan la última palabra y no la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

:CLAVES

SEGURIDAD

Actualmente, la seguridad al interior de las salas de audiencia en los CJPF consiste en un elemento de seguridad (personal institucional del Consejo de la Judicatura Federal) o de vigilancia, y se encuentra dentro de la sala para prestar apoyo en caso de requerirse.

También se cuenta con los elementos que determine el jefe de la Policía Federal (Policía Procesal) para vigilar, custodiar y proteger al imputado, así como para preservar el orden en la sala de audiencia.

Asimismo, se adquirirá equipo de seguridad de detección intrusiva para los CJPF, a través de una licitación pública nacional; en algunos casos se contrató a 23 elementos del Servicio de Protección Federal que depende de la Secretaría de Gobernación.