Se pronuncia PAN en el Senado contra el aborto

El senador José Martínez Martínez, se pronunció por cerrar la puerta a algunas entidades y políticos, que están pensando "más en modas y tendencias" destinadas a promover el aborto.
Protestas contra el aborto.
Protestas contra el aborto. (Gabriela Jiménez)

Ciudad de México

En la instalación de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, el senador panista José Martínez Martínez se manifestó por luchar desde el Senado por el derecho a la vida así como a volver a los "lazos naturales" de la integración nuclear familiar.

En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciador, declaró que "el ser humano que está dentro de la madre es independiente y la madre sólo es un vehículo para traerlo a la vida, o si es una parte de la madre, como si fuera las uñas o el cabello, si se la puede cortar cuando quiera".

"La madre es el vehículo que se utiliza para llegar a ver la vida, entonces no puede disponer de la vida de otro ser humano que está viviendo dentro de ella", dijo.

Antes, Martínez Martínez señaló que "tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto. Queremos trabajar en función exactamente de la vida. Esa es nuestra convicción, eso es lo que vamos nosotros a ofrecerle a México y a todos los mexicanos. Hoy tenemos que volver de nueva cuenta a esos lazos naturales que han integrado este concepto, esta comunidad de amor y de solidaridad. Esa es parte y ese va a ser el reto y la agenda de la Comisión de la familia y desarrollo humano".

Ante Elva Leonor Cárdenas, directora General de Protección a la Infancia del Sistema Nacional DIF, y diversos organizaciones civiles, el legislador refirió que desde esta comisión "vamos a trabajar por la vida, porque creemos en la vida".

Dijo que se trabajará en políticas trasversales que permitan la integración absoluta del ese núcleo social, para que "volvamos de nueva cuenta a sus lazos naturales en cuanto a su formación y su propia extensión, que también el Estado voltee a ver la parte económica y le dé oportunidad de desarrollo a la familia en sus propias comunidades y no tenga necesidad de migrar, ni a las zonas metropolitanas, ni a otros países".

El senador admitió que sus declaraciones sí causarán polémica.

"Sin duda alguna, y más en este sentido para el público del DF que va a ver esta declaración. Pero hay otros estados que no pensamos como la gente del DF que eventualmente ha impulsado una cosa completamente distinta" y se negó a fijar postura cuando se trata de violación porque "no voy aceptar ese tipo de suspicacias".

Pero negó que la comisión sea "antiabortista".

"No, en absoluto. No van a poder sacarme de este concepto, es una comisión, porque somos los primeros obligados, los representantes públicos, a trabajar por la vida".

Dimensión del aborto

Organizaciones civiles como es el caso del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) y Coalición por la Salud estiman que al año se registran hasta 1 millón de abortos inducidos en México. Una de cada seis mujeres opta por la interrupción clandestina debido a que pueden caer en la cárcel debido a que se han endurecido las legislaciones en lo menos 16 estados contra quienes atentan contra el derecho de "proteger y garantizar el derecho a la vida" desde la concepción

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara en agosto de 2008, la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, por lo menos 16 estados, panistas y priistas, han blindado sus legislaciones contra la posibilidad de acceder a un aborto seguro, dentro de instalaciones médicas.

"Son las mujeres pobres, menos educadas e indígenas, las que tienen nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas", explicó Regina Tamez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

Se trata de Baja California, Colima, Durango, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Querétaro, Oaxaca y Tamaulipas que han cerrado toda posibilidad de que se replique las reformas realizadas, el 26 de abril de 2007, al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal sobre la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de gestación.

Una reforma que, conforme a la Secretaría de Salud del Distritos Federal, ha representado, desde 2007 hasta la fecha, un total de 119 mil 522 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo entre jóvenes de 18 a 29 años de edad, principalmente. Alrededor del 50% reportaron ser solteras y el resto casada; 30% con nivel de secundaria; otro 30% de preparatoria, y el resto nivel universitario. La mayoría tiene ya al menos un hijo, con niveles socioeconómicos bajos.

Armando Ahued, secretario de Salud del DF, precisó a siete años del ILE que en la Ciudad de México 32 mil mujeres de otras entidades, la mayoría del Estado de México, interrumpieron su embarazo. 6 mil 700 abortos fueron practicados a menores de edad, de los cuales, 98 por ciento fueron acompañadas por su madre. 40 mil mujeres que pidieron información decidieron tener al bebé, es decir, una de cada tres. Sólo el 2 por ciento de las más de 119 mil se ha realizado más de una interrupción en alguno de los nueve hospitales y cuatro clínicas acondicionadas.

Códigos penales

Los códigos penales de las 32 entidades del país contemplan el aborto por violación. Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz tienen plazos muy estrictos para la interrupción del embarazo, que va de los 75 días y tres meses a partir de la violación.

El aborto por peligro de muerte se contempla en 29 de los 32 códigos penales del país, quedando fuera Guanajuato, Guerrero y Querétaro.

En el caso del Distrito Federal, Chihuahua e Hidalgo, aunque no se menciona de manera explícita en su código penal, esta causal queda comprendida en "grave daño a la salud".

La interrupción por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto, se considera en 14 códigos penales, con excepción de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

El Distrito Federal es el único que considera como causal la "voluntad de la mujer, durante las primeras 12 semanas del embarazo"

Yucatán es la única que tiene como causal de aborto cuestiones económicas, cuando la mujer tenga al menos tres hijos y poca solvencia.

El aborto por la causal de "Inseminación artificial no consentida" únicamente la tienen Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

No hay cárcel ni sanción para la mujer en Oaxaca y Durango, por ejemplo, debido a las cláusulas de excepción que permiten la cancelación del embarazo si es producto de una violación, por riesgo de muerte y salud de la madre, malformación congénita o muerte natural del feto.