Proponen modificar Ley de Responsabilidades

La diputada panista, Lariza Montiel plantó una iniciativa para establecer un plazo máximo de 15 días para que las autoridades informen a un servidor público en caso de existir alguna denuncia.
Diputada del PAN, Lariza Montiel.
Diputada del PAN, Lariza Montiel. (Facebook Lariza Montiel)

Saltillo, Coahuila

La diputada panista Lariza Montiel, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales.

Consideró que algunas disposiciones de las sanciones administrativas, generan incertidumbre en los procesos para aplicar las sanciones, propiciando que su resolución tarde hasta 5 años.

Explicó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Coahuila no establece los plazos que permitan la seguridad jurídica y la certeza plena durante estos procesos.

Específicamente el Artículo 62, establece que para los servidores públicos de la Administración Pública del Estado, centralizada y paraestatal, se les citará por escrito a una audiencia informándosele el día y hora en que se realizará.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Coahuila no establece los plazos que permitan la seguridad jurídica y la certeza plena durante estos procesos.

La legisladora propuso que se establezca un plazo máximo de 15 días hábiles, para que la autoridad correspondiente informe al servidor público sobre la denuncia en su contra y el citatorio a la audiencia.

Asimismo, propuso que el plazo para resolver en definitiva sobre la existencia o no de responsabilidad del servidor público, no deberá exceder de un año.

"La redacción es ambigua en cuanto a tiempos finales o plazos fatales y deja en manos de la autoridad sancionadora, la discrecionalidad para ordenar esas nuevas investigaciones".

"Esto sin establecer un plazo límite que sea justo, prudente y razonable, rompiendo así con los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica que deben revestir a todo acto de autoridad", expresó la diputada.

Agregó que si no se realizan estas modificaciones la ley operaria en contra del sistema de gobierno, pues al transcurrir hasta 7 años y en el caso del que el servidor público sea llamado nuevamente a comparecer, si no se le comprueba el delito, el Gobierno Estatal deberá indemnizar al funcionario por el tiempo que lo tuvo sujeto al procedimiento e inhabilitado para integrarse a la función pública.

Indemnización que deberá salir de las arcas del Estado, producto de los impuestos de todos los ciudadanos, lo que pudiera evitarse al darse certeza jurídica a los servidores públicos, evitando además que la legislación sea utilizada para desahogar revanchas políticas.