PAN descarta aplicar juicios políticos

Aseguran legisladores que sólo sirve para el golpeteo y la desacreditación de funcionarios. Afirman que hay disposiciones para castigar a funcionarios.

Guanajuato, Gto.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, rechazó la expedición de la Ley de Juicio Político para el Estado de Guanajuato, formulada por el Grupo Parlamentario del PRI.

La mayoría panista de la comisión, sumó el respaldo del diputado ecologista, Sergio Contreras, quienes consideraron la intranscendencia de la propuesta presentada por el legislador, Adrián Camacho.

Para los diputados del PAN, los juicios políticos en los Congresos, sirven sólo para el revanchismo político e incluso hay quienes lo usan como una herramienta de descrédito ante la clase política local.

Aunque el PRI insistió en analizar la propuesta de fondo, la diputada priista, Yulma Rocha, criticó la postura del PAN y los acusó de tener miedo “a que cualquiera de sus funcionarios incurra en esta conducta y entonces busquemos su juicio político”.

“Hay bastantes en esta condición”, dijo, pero no mencionó nombres de quienes a su consideración, deberían de enfrentar actualmente un juicio político.

El diputado presidente de la Comisión, Óscar Arroyo, precisó que en Guanajuato hay dos posibilidades para poder castigar a un funcionario público que llegue al cargo por designación o por elección.

“Tenemos la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que contempla  sanciones desde una amonestación hasta la destitución del cargo; además, tenemos aquí en el propio Congreso del Estado la Comisión de Responsabilidades, que es la que conocería de un procedimiento igual o parecido a lo que es el juicio político para desaforar, para destituir a cualquiera de los funcionarios públicos”, dijo.

El diputado panista por Irapuato, Alfonso Ruiz Chico, dijo que la propuesta tricolor, sólo “podría generar situaciones de revanchismo político en contra de algún funcionario en particular”.

El diputado Sergio Carlo Bernal Cárdenas, consideró que el juicio político en México, “se ha convertido en una herramienta de descrédito ante la clase política”, aunque enfatizó en que quien cometa alguna irregularidad debe ser sancionado “pero sin que a la sanción se le dé un carácter político”.

El diputado Martín López Camacho, también de la fracción del PAN, opinó que llevar la política al escenario de los Poderes Judiciales, va en contra de la Constitución y de las garantías individuales reconocidos a nivel internacional.

La diputada priista, Yulma Rocha, consideró que no hay voluntad de analizar este asunto en Guanajuato, cuando se trata de una obligación que mandata la Constitución Mexicana para los legisladores.

El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que más que un asunto político, la iniciativa fue descarta porque “no viene con todas las precisiones de lo que es un juicio político”.

“En la mesa de discusión que se llevó a cabo para analizar el tema se señaló que no es posible que el Supremo Tribunal de Justicia pueda conocer de un juicio político; por eso es juicio político, porque debe conocer del mismo el Poder Legislativo; esa es la razón de fondo por lo que no procedió esta propuesta”, añadió.

El legislador dejó en claro que al interior de la Comisión “se guardó respeto y hubo cortesía política con los proponentes, que tuvo más de 5 meses para corregir la iniciativa y no lo hicieron, y después nos reprochan en el pleno el tiempo que damos para poder continuar con el procedimiento y la metodología de la iniciativa, lo cual no es justo; ellos deben asumir su responsabilidad y si esta no pasó es porque no la supieron exponer o proponer a la Comisión”. 

Además, consideró que hay un manejo mediático del tema por parte de los diputados del PRI, “que quieren jalar los reflectores llevando al Congreso local a funcionarios o personas solo porque así lo señalan; muchas veces lo hemos visto que acusan sin ningún fundamento, sin ninguna prueba fehaciente de que pudiera esa persona o ese funcionario ya sea de designación o de elección tener una responsabilidad de juicio político”.