Organizaciones civiles se amparan contra moches de diputados

El IMCO, México Evalúa y el CEEY interpusieron el juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados para frenar la creación de fondos sin reglas durante la discusión del Presupuesto de Egresos.
Base monetaria.
Con el amparo, las organizaciones buscan que se deje de utilizar dinero público para fines privados. (Especial )

Ciudad de México

Organizaciones de la Sociedad Civil interpusieron un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados para frenar los llamados moches entre los legisladores, que podría resolverse el próximo 7 de julio.

El juzgado de distrito que conoció inicialmente el amparo fijó como fecha para la audiencia constitucional el 7 de julio próximo para resolver la cuestión de fondo del amparo.

De acuerdo con las organizaciones que lo promovieron, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, el juicio de amparo se sustenta en el hecho de que en noviembre de 2015 los diputados federales excedieron su facultad constitucional para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), creando nuevos fondos dentro del Ramo 23, los cuales no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.

"De acuerdo con la Constitución mexicana, la facultad de iniciativa para elaborar y definir el contenido del Proyecto de PEF solo recae en el Ejecutivo Federal. De esta manera, los diputados federales se están atribuyendo competencias más allá de lo establecido en la Constitución para facilitar el uso discrecional y opaco de los recursos federales", se lee en un comunicado difundido por las organizaciones.

Reclaman que los recursos utilizados para la creación de estos nuevos fondos irregulares provienen de recortes aprobados por los mismos diputados federales a programas en materia de salud y educación.

Para las organizaciones, la creación de los nuevos fondos levantan sospechas sobre el actuar de los diputados federales debido a que "pudieron haber hecho uso de programas presupuestarios y fondos ya existentes en otros ramos administrativos, siempre y cuando la legislación lo permitiera" y porque para "reasignar recursos a los estados, debieron haber modificado la Ley de Coordinación Fiscal previo a la aprobación del Decreto del PEF, lo cual no ocurrió en esta ocasión".

Ante el juicio de amparo, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de queja contra su admisión, mismo que fue declarado sin fundamento por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa el pasado 4 de mayo. Como resultado de ello, la resolución de fondo del juicio de amparo se retrasó durante dos meses.

Por ello las organizaciones hicieron un llamado para que el juicio de amparo se lleve a cabo en la nueva fecha establecida, pues de retrasarse nuevamente podría perder su validez, "porque se agoten los recursos públicos destinados a los fondos en cuestión o porque el PEF 2016 haya perdido vigencia, lo cual ocurrirá el 31 de diciembre de 2016".

Las organizaciones de la sociedad civil pretenden que esto defina las facultades de la Cámara de Diputados en la creación de nuevos fondos, programas y proyectos con recursos federales cuando no fueron contemplados en el proyecto de PEF que prepara y envía el jefe del Ejecutivo Federal cada año.