Obligatoria, evaluación a maestros

Por unanimidad, la Corte la declara constitucional. La reforma educativa privilegia el derecho a una educación de calidad por encima de su derecho laboral, señala.
En los próximos días, el pleno abordará otros asuntos reclamados por los quejosos.
En los próximos días, el pleno abordará otros asuntos reclamados por los quejosos. (Juan Carlos Bautista)

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el sistema de evaluación para los maestros, el cual es obligatorio para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes al servicio del Estado.

La reforma educativa, señaló el máximo tribunal de justicia del país, privilegia el interés superior de los menores y el derecho a una educación de calidad por encima del derecho laboral de los profesores.

Por unanimidad, el pleno acabó con las pretensiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los que buscaban evitar que los profesores se sometieran a exámenes de evaluación para garantizar su permanencia en las aulas.

Cuatro artículos previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente fueron los impugnados por los maestros en sus demandas de garantías.

Los quejosos adujeron que esos preceptos van contra el artículo 123 y tercero de la Constitución. El pleno rechazó ese argumento.

A la Corte solo le bastó el estudio de uno de 26 de amparos que admitieron para manifestarse únicamente sobre el tema de la evaluación, que es el principal asunto de fondo de todos los amparos.

En los próximos días, el pleno abordará otros asuntos reclamados por los maestros, particularmente la forma en que repercutirá la reforma para aquellos que tienen nombramiento definitivo o provisional; y la manera en que impactará para los que estaban antes y después de la reforma.

Los ministros avalaron el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, mas no sus consideraciones. Cada uno de ellos ofreció un punto de vista distinto.

El ministro Juan Silva Meza dijo que la reforma en materia educativa cumple con la protección de derechos humanos y laborales, además de que no representa una invasión ponderativa, porque la evaluación persigue el mejoramiento de la calidad educativa.

Las medidas aprobadas por el Congreso de la Unión, añadió, cumplen con estándares a escala nacional e internacional, ya que solo obligan a los maestros a prepararse en conocimiento y habilidades.

El ministro José Ramón Cossío Díaz manifestó que las tres oportunidades de evaluación y los programas de regularización para obtener la suficiencia de resultados para estar en aptitud de continuar en el desempeño del servicio profesional docente "resultan idóneas en función de la periodicidad mínima establecida en la propia ley, al menos una cada cuatro años".

Del mismo modo que Cossío, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena rechazó que los docentes se encuentren bajo un "régimen de excepción", por debajo de los derechos de los demás mexicanos.

Indicó que las tres oportunidades de examen que tienen los docentes para continuar impartiendo clases cumplen con el fin legítimo de proteger a los niños que están educando.

Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea puntualizó que la estabilidad al empleo no es un derecho absoluto, pues éste admite como excepciones las causas de justa separación.

Subrayó que la medida de cesar a los maestros que no se sometan a la evaluación es apta e idónea, porque se pretende que cuenten con conocimientos actualizados.

Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que la reforma educativa es lo menos restrictiva posible, porque los docentes tienen tres oportunidades para permanecer en sus puestos laborales y en otros casos se les ofrece su reubicación.

Franco González Salas detalló en su proyecto de sentencia que la evaluación obligatoria prevista en el artículo tercero de la Carta Magna es coherente con tratados internacionales que protegen la estabilidad en el empleo.

Claves

Tres oportunidades

- El sistema de evaluación establece que solo quedarán definitivamente separados de su puesto aquellos docentes que fallen tres evaluaciones y que cuenten con nombramiento provisional antes de la publicación de la ley, en septiembre de 2013.

- Por lo que hace a los trabajadores con nombramiento definitivo, serán reubicados a tareas no educativas o se les va a "invitar" a jubilarse siempre y cuando reprueben las tres evaluaciones a que tienen derecho.