ONU, por ley que incluya casos desde los años 70

El representante del Alto Comisonado de Derechos Humanos pide también que la aplicación de la nueva reglamentación sea inmediata.
Alan García, el funcionario de las Naciones Unidas, estuvo en la Cámara alta.
Alan García, el funcionario de las Naciones Unidas, estuvo en la Cámara alta. (Especial)

México

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México, Alan García, propuso que la ley de Desaparición Forzada que se discute en el Senado favorezca la aplicación inmediata y otorgue respuesta amplia a la sociedad y no solo al caso Ayotzinapa.

Al iniciar los trabajos para dictaminar las iniciativas de ley sobre desaparición forzada en el Senado, el funcionario de la ONU pidió que con la legislación se responda “a las desapariciones ocurridas en la guerra sucia de los 70; a las ocurridas en el contexto de la violencia e inseguridad y a las actuales”.

Señaló que la ley representa una oportunidad histórica para que el Estado armonice su ley con los compromisos internacionales, remonte la situación crítica por la que atraviesa y adopte las trasformaciones estructurales para atender la desaparición.

Propuso adoptar un concepto amplio, generoso e incluyente, que integre las múltiples caracterizaciones de este fenómeno. Añadió que es indispensable que la ley general prevea la desaparición forzada como un delito autónomo, e incluya la desaparición de personas por particulares, desaparición y apropiación de niños, y delitos vinculados con la negligencia.

Además, solicitó que cuente con un régimen amplio de responsabilidades, un régimen de sanción que atienda la extrema gravedad de la conducta, que considere el delito imprescriptible, que establezca un procedimiento único de búsqueda, un mecanismo trasnacional de rastreo, así como un registro nacional de personas desaparecidas.

En representación de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón dijo que el órgano encargado de la búsqueda de personas debe ser independiente de los vaivenes políticos, plenamente autónomo, contar con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para llevar a cabo su función y, finalmente, que tenga vigilancia de la sociedad civil y de los familiares de las personas desaparecidas.

Expresó que es “desafortunado” que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenga un vínculo claro con el Poder Ejecutivo, “eso nos muestra que los órganos que no tienen autonomía no sirven para realizar sus labores”.