Niega juez amparo a maestros contra la reforma educativa

Determina que las legislaciones sobre servicio profesional, general de educación y de evaluación no transgreden beneficios de los profesores.
Los integrantes de la coordinadora mantendrán su plantón en el Monumento a la Revolución.
Los integrantes de la coordinadora mantendrán su plantón en el Monumento a la Revolución. (Jorge Carballo)

México

Un juez federal negó un amparo a los maestros que impugnaron las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa aprobada en 2013, pues determinó que no violan los derechos adquiridos por los profesores.

En la sentencia se deja claro que ni la Ley General de Servicio Profesional Docente ni la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación transgreden los derechos del sector magisterial considerados en la Constitución y en tratados internacionales.

El juez sexto de distrito del centro auxiliar de la segunda región con residencia en Cholula, Puebla, dejó claro que las leyes tampoco excluyen los derechos laborales de los maestros en los cargos que desempeñan o en sus contratos, ni en sus prerrogativas como sueldo, aguinaldo y vacaciones, entre otras.

Además, puntualizó que las evaluaciones obligatorias no violan los derechos humanos de los quejosos, ya que el Congreso de la Unión estableció un mecanismo razonable para lograr, en la medida de la posible, la permanencia en las funciones docentes.

El juzgador subrayó que por lo que hace a la carrera magisterial, ni la Constitución ni los tratados internacionales establecen, "que por el simple deseo de querer trabajar en un lugar se adquiere el derecho humano de ingresar a él", o por haber realizado algunos estudios o ser seleccionado por alguna asociación sindical o mediante la "venta" o "herencia" de plazas.

Las leyes secundarias, agregó, protegen la estabilidad en el empleo porque prevén la existencia de nombramientos definitivos, según disponen las leyes laborales.

El juez enfatizó que ni una de las normas sustrae a los profesores del régimen laboral para convertirlos en sujetos de derecho administrativo, ya que el artículo tercero, fracción tercera, de la Constitución federal dispuso que las leyes ordinarias fijarían los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional "con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación".

En 2013, más de 100 mil maestros impugnaron, a través de juicios colectivos, la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa.

Los maestros tuvieron como plazo hasta el 15 de abril de ese año para ampararse contra la reforma que fue avalada por los congresos locales del país.

Los juicios fueron turnados a los juzgados tercero, sexto y séptimo de distrito del centro auxiliar de la segunda región con adscripción en Cholula, Puebla.

El 10 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma educativa, en la que pidió modificar el artículo tercero de la Carta Magna.

Dentro de los puntos notables destaca recuperar las facultades del Estado en materia de educación.

Igualmente se elevó a rango constitucional al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) para dotarlo de autonomía, entre otras medidas.

Integración del INEE

La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación determinó que a partir de ayer forman parte de su Consejo 11 organizaciones sociales: Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Coparmex, Derechos Infancia México, Educación y Ciudadanía, Fundación para la Cultura del Maestro, y Hacia una Cultura Democrática.

También, Innovación y Asesoría Educativa, Mexicanos Primero Visión 2030, Ririki Intervención Social, Servicios a la Juventud y Vía Educación.