Multas millonarias por violar reforma eléctrica

Las sanciones por manipular los precios de electricidad superarán 13 mdp; en tanto, los usuarios que recurran a los 'diablitos' deberán desembolsar hasta tres veces lo consumido.
Líneas de transmisión eléctrica en Altamira, Tamaulipas.
Líneas de transmisión eléctrica en Altamira, Tamaulipas. (Javier García)

México

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá imponer a contratistas y permisionarios de la industria eléctrica multas que van de 2 y 10 por ciento de sus ingresos brutos anuales en caso de violar la regulación tarifaria, suspender el servicio de transmisión o distribución de energía en forma generalizada y sin justificación, o incumplir las obligaciones de separación contable, operativa, funcional y legal, entre otras causas.

Se aplicará, asimismo, una sanción económica de 50 mil a 200 mil veces el salario mínimo (entre 3.3 millones y 13.4 millones de pesos) a quienes manipulen de cualquier forma los precios de la energía eléctrica, la vendan o compren al margen de la ley, o incumplan las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad y seguridad.

El dictamen de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, aprobado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y turnado al pleno para su discusión, prevé también una multa de hasta tres veces el importe de la energía eléctrica consumida a quienes se conecten sin autorización o contrato, mediante de los llamados diablitos, a la red pública o alguna particular.

La Secretaría de Energía y la CRE contarán con facultades para investigar, denunciar e castigar a quienes ofrezcan o entreguen dinero a servidores públicos a cambio de obtener o mantener una ventaja o evadir los requisitos legales para obtener una contratación.

Las personas físicas y morales nacionales o extranjeras participantes en las contrataciones del sector eléctrico serán sancionadas en caso de hacer uso de “influencia o poder político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, personal o consejeros de las empresas productivas del Estado, con el propósito de obtener para sí o para un tercero involucrado beneficios o ventajas”.

En materia de transparencia, la Secretaría de Energía deberá abrir un sitio en internet de acceso público con informar sobre contratos, convenios, anexos y convenios modificatorios de las empresas productivas del Estado en materia de adquisición, disposición, comercialización, transporte, manejo o administración de combustibles, así como de construcción, adquisición u operación de obras para generar, transmitir, distribuir o comercializar energía.

“No se considerará como información confidencial o reservada aquella contenida en contratos, anexos y convenios modificatorios contemplados en el presente artículo”, se subraya en el documento.

El proyecto de ley establece que, adicionalmente, el Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica con facultades para ordenar la desincorporación de activos, derechos y acciones de los particulares que incurran en prácticas monopólicas.

El nuevo Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) deberá asimismo restringir o separar del mercado mayorista a quienes incumplan gravemente las reglas del mercado.

De acuerdo con el dictamen de la Ley de Industria Eléctrica aprobado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y turnado al pleno para su discusión, “se considerará práctica monopólica cualquier convenio, arreglo o coordinación entre participantes con la intención o efecto de restringir el funcionamiento eficiente del mercado eléctrico mayorista”.

Para ello, la generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal, incluso cuando un mismo grupo participe en más de una de esas actividades.

Las medidas previstas para la prevención y el combate a la corrupción, como aquellas disposiciones antimonopólicas se aplicarán, en su caso, independientemente de las sanciones administrativas o penales que procedan.