Las mujeres y la reforma de las ciudades

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está empeñado en construir ciudades seguras para nosotras y nuestras hijas e hijos, en las que podamos ejercer nuestro derecho a vivir.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es necesario reflexionar desde los distintos ámbitos de las políticas públicas sobre cómo garantizar sus derechos.
Se necesitan políticas públicas que aseguren que las madres trabajadoras tengan acceso a servicios de cuidado infantil y a puestos de trabajo. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es necesario reflexionar desde los distintos ámbitos de las políticas públicas sobre cómo garantizar sus derechos. Desde la Sedatu tenemos el reto de reestructurar la política de desarrollo territorial, de vivienda, de uso del suelo y de hacerlo con este enfoque.

¿Qué significa esto para las mujeres que habitan en las ciudades del país? Significa hacer políticas públicas orientadas a garantizar su igualdad de condiciones con los varones y a construir un entorno en el que puedan ejercer sus derechos y libertades.

Por ejemplo, cuando hablamos de ciudades seguras e incluyentes queremos decir calles alumbradas donde una joven puede caminar de regreso de la escuela, donde la madre trabajadora tenga acceso en su entorno a servicios de cuidado infantil y a puestos de trabajo; donde la mujeres con discapacidad y las adultas mayores puedan ser independientes porque la ciudad les asegure condiciones de accesibilidad y de movilidad adecuadas; donde niñas y adolescentes puedan disfrutar de espacios recreativos seguros; donde las mujeres sean propietarias de sus casas para garantizar su independencia económica y disminuir situaciones de opresión y de violencia producto de su debilidad patrimonial.

En este sentido, el presidente Enrique Peña Nieto ha mantenido su promesa de trabajar en favor de las mujeres, con mejores políticas públicas y nuevos programas.

Es en este enfoque de inclusión y género que estamos construyendo "Ciudades Seguras para las Mujeres", donde son las protagonistas en su rol social de mujeres trabajadoras, cuidadoras de los hijos, de la familia y de la casa, de estudiantes y quienes mejor conocen las necesidades de su barrio y su comunidad.

El objetivo de este programa es vincularlas con las políticas de rescate de espacios públicos, que sean ellas, de la mano con las autoridades, quienes digan qué hacer y dónde intervenir a fin de recuperar la seguridad, la paz y el desarrollo de su comunidad.

Es con este modelo de corresponsabilidad entre las mujeres que habitan las ciudades y sus autoridades como se pueden solucionar los problemas que enfrentan cotidianamente.

La participación activa de las mujeres en la transformación de las ciudades implica diseñar acciones dirigidas a limpiar el entorno, asegurar que los hijos salgan a jugar sin riesgos, que puedan transitar con seguridad de día y de noche, que las jefas de hogar tengan opciones laborales y de movilidad, todo con la certeza de que la familia está segura en la comunidad, su colonia o su barrio.

También prevenimos la violencia intrafamiliar y generamos seguridad en el hogar al implementar la estrategia "Un cuarto más" que busca inhibir las agresiones sexuales contra niñas y jóvenes en sus hogares combatiendo el hacinamiento y atendiendo uno de los indicadores de la pobreza multidimensional del Coneval, el de la carencia de acceso a la calidad y espacios de la vivienda, que en sus cifras más recientes apunta que más de 10 millones de personas habitan viviendas con algún grado de hacinamiento. Por ello "Un cuarto más" tiene como primera meta construir al menos medio millón de cuartos adicionales en viviendas que fueron construidas con una sola habitación para el próximo año.

Es importante mencionar que, como parte de la nueva política nacional de vivienda, ahora las casas son más grandes y se construyen con dos recámaras.

Al mismo tiempo, para brindarles a las mujeres certeza jurídica y seguridad patrimonial hemos fortalecido la escrituración de la vivienda a su nombre, lo que las empodera y genera mejores condiciones de convivencia en los hogares, ya que generalmente son ellas quienes manifiestan mayor responsabilidad en su cuidado y aprovisionamiento.

Adicionalmente estamos dando prioridad a las jóvenes, jefas de familia y beneficiaras del programa Prospera para que tengan acceso a soluciones de vivienda acorde a sus necesidades.

La nueva política nacional de vivienda respalda también a las jefas de familia que desean comprar un hogar o pagar menos por el que ya tienen, con créditos baratos y una mayor oferta inmobiliaria.

Estas acciones se enmarcan en el desarrollo de ciudades sustentables, más compactas y ordenadas, que impulsen la creación de polos de crecimiento con acceso a infraestructura, equipamiento y, sobre todo, libres de violencia.

El reto en materia de desarrollo territorial, urbano y vivienda con enfoque de género es mayúsculo. Necesitamos una reforma que permita al Estado reasumir la rectoría en la gestión y usos del territorio que conciba la participación ciudadana como eje central en la construcción de nuestras ciudades y entornos urbanos y que dé prioridad a las políticas que buscan la igualdad entre mujeres y hombres.

En los últimos 30 años, México presentó una transición de lo rural a lo urbano, que se manifestó en un crecimiento desordenado de la mayoría de las ciudades. En ese lapso la población de las zonas urbanas se duplicó, mientras que su extensión territorial creció más de ocho veces.

Esto generó condiciones de vida ajenas a la inclusión, a la igualdad, a la seguridad, a la resiliencia. Y ello, con el impacto más negativo en la vida de las mujeres. Es por esta razón que es necesario redefinir el rumbo de la dinámica de las ciudades a través de una gran reforma urbana, con el fin de asegurar la creación de metrópolis competitivas, de elevada productividad, con capacidad de enfrentar y superar contingencias naturales, sociales y económicas y, sobre todo, con una visión incluyente.

Es necesario que el ejercicio del derecho a la ciudad sea posible para todos los grupos poblacionales, en especial para aquéllos que más resienten la situación actual: mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Esto incluye la equidad y sobre todo la diversidad en la distribución de satisfactores urbanos como el acceso al suelo, la infraestructura, los equipamientos, los servicios y una vivienda adecuada cerca de los centros de trabajo y con servicios básicos.

En síntesis, el derecho a la ciudad para las mujeres tiene contenidos concretos: mejores viviendas, mejores posibilidades de adquisición de patrimonio, mejor entorno urbano, mejores condiciones de participación social que transforme en políticas públicas lo que las propias mujeres reconocen que hay que cambiar en su experiencia en nuestras ciudades.

Las ciudades son el sistema humano más complejo, son el motor fundamental que impulsa el progreso económico, las innovaciones, el cambio cultural y la posibilidad de alcanzar un bienestar social incluyente y sustentable. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está empeñado en construir ciudades seguras para nosotras y nuestras hijas e hijos, ciudades en las que podamos ejercer nuestro derecho a vivir y convivir en paz y armonía.

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano