Margarita confía que controversia ahora sí proceda

La alcaldesa informó que personal de la Dirección Jurídica de Monterrey acudió a la SCJN a entregar el escrito, para pedir no se acepte el alza a tarifas del transporte.
Las tarifas del transporte urbano se incrementaron 20 por ciento en pago en efectivo.
(Archivo)

Monterrey

Luego de que este lunes se entregó el escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde solicitan que no proceda el alza a las tarifas del transporte, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, espera que ahora sí sea aceptada dicha petición.

La munícipe comentó que a diferencia de la ocasión anterior ahora la controversia constitucional la solicitaron de manera individual, cada Ayuntamiento, y en el caso de Monterrey personal de la Dirección Jurídica acudió a la SCJN a entregar el escrito.

Consideró que no están fuera de tiempo para pedir esa controversia constitucional, tal como lo declaró el coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado, Édgar Romo.

La controversia constitucional la solicitaron de manera individual.


Arellanes Cervantes expresó que no es justo que los usuarios de transporte paguen las tarifas más altas del país y por ello continuarán defendiéndolos.

El pasado jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por ser "notoriamente improcedente" la controversia constitucional promovida por los alcaldes del PAN en contra del alza al costo del servicio en el transporte urbano y los acuerdos del Consejo Estatal del Transporte.

El recurso solicitado el pasado 29 de enero de este año por Margarita Arellanes, Víctor Pérez, Pedro Salgado y Ugo Ruiz, munícipes de Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás y San Pedro, respectivamente, pretendía dar la vuelta al incremento del 20 por ciento en la tarifa de castigo.

El rechazo de la SCJN se deriva de la imposibilidad de dirimir un asunto entre el estado y varios de sus municipios, pues la disposición constitucional es clara, y señala que sólo puede intervenir cuando el conflicto se dé entre la autoridad superior de la entidad y uno de sus ayuntamientos.

"Los conflictos que se presenten no pueden ser entre el estado y varios de sus municipios de manera colectiva o presentándose en una sola demanda como parte actora de la controversia, debido a que ello no se contempla en ninguna de las disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución federal", señalan las consideraciones del documento de la SCJN.