Premura provocaría injusticia en nuevo sistema penal

A un año de que venza el plazo para aplicar el nuevo modelo, el jurista Álvaro Ramírez afirma que Tamaulipas tiene mucho por hacer, ya que es una entidad que no ha procurado justicia.
Sala de juicios orales del IEST.
Sala de juicios orales del IEST. (Especial)

Tampico

La lenta transición al nuevo sistema de justicia es preocupante, consideró el especialista Álvaro Ramírez Segura, quien dijo que los estados no le dan la debida importancia al tema y Tamaulipas tiene mucho por hacer, ya que es una entidad que no ha procurado justicia a su población.

En entrevista para Milenio Tamaulipas, sostuvo que a nivel federal se ha trabajado en el proceso, pero los estados, salvo algunas excepciones, le están restando importancia, probablemente, dijo, porque no es un tema de lucimiento político.

Advirtió que trabajar a marchas forzadas, traerá como consecuencia improvisación, desorden e injusticia. "Tamaulipas tiene mucho qué hacer, porque es un estado que no ha procurado justicia a sus habitantes. Debe capacitar nuevos policías, de prevención e investigación; depurar la seguridad pública, contratar nuevos fiscales y sobre todo, crear un gran número de juzgados a cargo de jueces competentes", planteó.

Explicó que la lenta transición es preocupante porque los encargados de la implementación a nivel federal "sí han trabajado mucho, de manera eficaz, sobre todo en el ofrecimiento de publicaciones gratuitas sobre el tema, congresos y conferencias, así como en los procesos de certificación de instructores".

Sin embargo, destacó, en cuanto a los estados, no se puede decir lo mismo, pues las capacitaciones son escasas con raras excepciones como Durango, Chiapas, Hidalgo, Guanajuato y Yucatán.

"Los gobiernos locales no le conceden a la reforma penal importancia, seguramente porque para ellos, no implica un lucimiento político o que sea visto por la población, sino solo por algunos integrantes de la sociedad", destacó.

Añadió que estas autoridades no se percatan de que la impartición de justicia de forma correcta y equitativa, colabora grandemente a la construcción de un estado de derecho y democrático.

"La segunda razón es porque las marchas forzadas traen como consecuencia la improvisación, y con ella, viene el desorden y la injusticia. Malos jueces, instalaciones carentes de funcionalidad, menos que modestas, diría, pobres, lo que no dignifica ni a los jueces, ni a los litigantes, mucho menos a la sociedad".

El tercer punto a considerar, indicó, es el riesgo de investigaciones y defensas deficientes. Estimó que cuando no se le da importancia a un tema como la implementación de un sistema procesal novedoso, tampoco se le da importancia a la justicia. "La transición no se refiere solo a lo que hagan las autoridades; los defensores al no actualizarse pondrán en riego la libertad de sus clientes, y los fiscales al no transitar al nuevo sistema con tiempo y estudio o hacerlo a marchas forzadas, integrarán carpetas de investigación carentes de sustento, que aunado a la falta de capacitación de los juzgadores, pueden recrear los mismos vicios del sistema anterior", externó.

Ramírez Segura, dijo que de no aplicarse los recursos gubernamentales necesarios en 2016, se afectará gravemente el proceso para concluir la implementación de la reforma.

"El nuevo sistema basado en la característica de la oralidad es caro, porque implica inversiones muy fuertes para construir sedes acordes a la nueva forma de trabajar, video grabaciones, salas de juicios, sistemas computacionales para resguardo de videos, notificaciones, citatorios, etcétera".

De haber recortes presupuestales, las salas de oralidad serán construidas con materiales de baja calidad y en espacios reducidos, que evitarán la concurrencia del público a las audiencias.

Además, mencionó, los salarios de los jueces, defensores públicos y ministerios públicos deben ser altos, pues la operación de este sistema implica un alto conocimiento y preparación técnicas a cargo de los mejores elementos posibles.

Al preguntársele a qué otras limitantes se está enfrentando el nuevo sistema de justicia, precisó que al modo de enseñar Derecho en las universidades juristas, que aún no han implementado ni la oralidad, ni la argumentación jurídica no solo como materia, sino como forma de enseñar y practicar el Derecho, lo que limita el desarrollo del sistema debido a que los estudiantes cuando egresan de las aulas se topan con una forma de trabajo desconocida.

Apuntó que el sistema también se enfrenta con el desconocimiento del mismo por parte de los destinatarios de la reforma penal, el pueblo, las personas que pueden o deben someterse a la acción de los tribunales de justicia, lo que considera grave, porque desconocen los medios alternativos de solución de controversias y piensan que todo problema, debe terminar en un juzgado. "Esto llena de asuntos los tribunales y los centros penitenciarios", añadió.

Ramírez Segura, manifestó que otra limitante es la capacitación discriminada de los instrumentadores del sistema, pues se piensa que solo se deben capacitar a los jueces y fiscales. "Esto es un error, hay gran cantidad de servidores públicos involucrados, practicantes de servicio social, peritos y policías, quienes reciben poca capacitación y mala, cuando es vital su labor en la integración de las carpetas y en la determinación de los hechos que se investigan. No saben de derechos humanos ni de garantías individuales, tampoco son especialistas en justicia para adolescentes ni en las técnicas de investigación", refirió.

Sobre las deficiencias que están teniendo los juicios orales en los estados donde ya se están implementando, citó que las capacitaciones que recibieron los jueces y ministerios públicos las proporcionan personas que no practican, es decir, solo son instructores, que replican formas y moldes de otros países sin tomar en cuenta que el derecho es propio de cada nación, por cómo se aplica.

Dijo que le ha tocado ver cómo algunos instructores enseñan cómo convencer a los jurados cuando aquí no los hay; otros más exponen que hay que actuar para convencer, lo que además de parecerle absurdo, lo considera es una burla a los jueces, quienes son técnicos en derecho, no una academia de actuación.

El Maestro Álvaro Ramírez es docente del Centro de Estudios de Posgrado, Campus Tampico, que imparte la Maestría en Derecho Procesal Penal con acepción a los nuevos Juicios Orales. Ahí, tiene como alumnos a funcionarios del Poder Judicial de la Federación, así como de la PGR y abogados particulares. Es litigante con más de 35 años de experiencia e imparte clases en distintas universidades del país.