Llevó a México 17 años cumplir recomendaciones de la ONU

En 1997, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas pidió al Estado aplicar medidas legislativas, administrativas y judiciales para atender el problema y a las víctimas.
Lentitud para atender casos de desaparición forzada.
(Eduardo Salgado)

México

El gobierno mexicano tardó 17 años en atender las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales que prohibieran expresamente la desaparición forzada.

Desde finales de la década de los 90, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó recomendaciones y solicitudes de información constantes al Estado mexicano relativas al marco normativo y a la indemnización de las víctimas de ese delito.

A través de 14 informes contenidos en la serie Desapariciones Forzadas e Involuntarias del fondo documental SRE/DFI/AGN, el organismo informó su preocupación, porque la impunidad con la que actuaban los autores de los delitos "ha creado una situación de ilegalidad en la que pueden ocurrir desapariciones forzadas".

Sin embargo, no fue sino hasta el 30 de abril cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Poder Legislativo para que apruebe leyes en materia de desaparición forzada y tortura.

La modificación a la fracción 21 autoriza a los legisladores a expedir una ley general contra la desaparición forzada y tortura que atienda las recomendaciones de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las recomendaciones fueron constantes desde finales de la década de los 90.

De acuerdo con el expediente 14, de esa serie, entre las observaciones realizadas destaca la preocupación sobre como las fuerzas armadas están cada vez más involucradas en cuestiones de seguridad y eso "ha tenido efectos negativos sobre la situación en materia de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a las desapariciones forzadas".

Así como la práctica de la tortura y malos tratos cometidos contra las víctimas mientras se hallaban en régimen de incomunicación.

El Grupo de Trabajo transmitió sus observaciones y sugerencias al Relator Especial sobre la tortura, pero no fueron atendidas.

En 1997, el grupo especial documentó 343 casos denunciados entre 1974 y 1981, de los que 98 de ellos se registraron durante la guerra sucia que tuvo lugar en las montañas y aldeas de Guerreo a principios de la década de los 70.

Del total de casos, 21 se registraron en Chiapas y Veracruz y la mayor parte de las víctimas pertenecían a organizaciones indias, campesinas y políticas; cuatro casos ocurrieron en 1995 en Guerrero y uno en Sinaloa; 15 de los casos en Guerrero, cuatro en el Distrito Federal, cuatro más en Chiapas y uno en Morelos.

Las víctimas fueron siete campesinos, tres maestros, seis miembros de organizaciones de campesinos de derechos humanos, un soldado y siete personas relacionadas con el Partido de la Revolución Democrática.

En nueve ocasiones se mencionó como responsable al Ejército; en seis más a la Policía Judicial del Estado de Guerrero; en cinco casos a la Policía Judicial del Distrito Federal; en un caso a la Policía Judicial del Estado de Morelos y a miembros del grupo paramilitar Guardias Blancas.

Entre los casos a los que da seguimiento el grupo especial destaca el de Víctor Pineda Henestrosa, secuestrado el 11 de julio de 1978 por miembros del Ejército mexicano del Onceavo Batallón de Infantería de Ixtepec, Oaxaca, y que desde 1997 se encuentra radicando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En febrero pasado, el gobierno mexicano presentó un informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el que documentó que entre 2006 y 2013, la Procuraduría General de la República, así como las procuradurías estatales, iniciaron 291 averiguaciones previas por desaparición forzada, de las cuales solo seis concluyeron en sentencia condenatoria.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al gobierno mexicano que informara sobre las medidas para armonizar el marco legal y adoptar una ley general contra la desaparición forzada.

Tres meses después, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que permitirá su expedición, pero resta aún necesita el aval de al menos 18 congresos estatales.

El fondo documental de la Secretaria de Relaciones Exteriores incluye 14 expedientes que fueron transferidos para los trabajos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en 2001 durante la administración del presidente Vicente Fox, con el objetivo de investigar y castigar los delitos cometidos durante el movimiento estudiantil del 1968 y la guerra sucia.

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado dio seguimiento a 532 casos documentados y contó con un comité interdisciplinario para determinar la reparación administrativa del daño, así como los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, mismo que fueron transferidos al Archivo General de la Nación (AGN).