Diputados discutirán Ley de Transparencia a fin de mes

Los legisladores del PAN y PRD acusaron a las fracciones del PRI y del PVEM de frenar las leyes secundarias en materia de transparencia y anticorrupción.
Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados. (Especial )

Ciudad de México

El presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Rogerio Castro, presentó un pre dictamen de la nueva Ley General de Transparencia, con la intención de votarlo el próximo 24 de febrero y turnarlo al pleno para su aprobación antes de finalizar el mes.

En reunión ordinaria de la comisión legislativa, los diputados del PAN y PRD acusaron a las fracciones del PRI y del PVEM de frenar las leyes secundarias en materia de transparencia y anticorrupción, mientras priistas y verdes pidieron un análisis responsable de la referida legislación.

La Comisión Anticorrupción discutió y aprobó asimismo tres dictámenes con modificaciones a las leyes de Transparencia, de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Adquisiciones, además de emitir una opinión favorable al proyecto para restituirle sus atribuciones a la Secretaría de la Función Pública.

A propuesta del PAN, la iniciativa plantea rectificar los cambios propuestos al comienzo del sexenio por el Ejecutivo para extinguir la referida dependencia y crear, en su lugar, la Comisión Nacional Anticorrupción.

Por unanimidad, los diputados integrantes de la comisión dictaminadora dieron su opinión favorable a la propuesta panista para rectificar ese punto y la turnaron a la Comisión de Gobernación para efectos de dictamen.

El diputado Rogerio Castro, de Morena, detalló que el predictamen de la nueva Ley General de Transparencia distribuido ayer a los diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción plantea asimismo la ruta crítica para dictaminar y someter a consideración del pleno dicho ordenamiento.

La Cámara de Diputados tiene como plazo hasta el 29 de mayo para aprobar dicha ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas por partes de los poderes públicos y órdenes de gobierno, así como partidos, sindicatos e incluso particulares que ejerzan recursos públicos.