El Senado aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Transparencia, tras un largo debate donde la opacidad con que gastan los recursos públicos diputados y senadores, las bancadas y los órganos de gobierno de las cámaras confrontaron a las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT.
El documento se turnó a la Cámara de Diputados para seguir su trámite legislativo.
A pesar de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras de Estudios legislativos y Anticorrupción, Alejandro Encinas y Pablo Escudero, aseguraron una y otra vez que todos los recursos que ejercen los grupos parlamentarios y los 628 diputados y senadores deberán transparentarse con esta ley, senadores del PT y PAN cuestionaron las “generalidades” en la redacción.
Desde tribuna, Layda Sansores criticó el articulado transitorio que se aprobó en la pasada Ley General que daba un plazo de seis meses al Congreso para poner sus cuentas en orden, el cual venció el 30 de agosto pasado.
“¡Claro, que se haga en los bueyes del vecino que viene! Claro, hay que seguir perpetuando aquí en el Senado la opacidad y el derroche; 5 millones en pasteles y todo lo que nos repartimos. Ah, pero cuenta chiles cuando se trata de determinar el salario de los trabajadores!”, decía, cuando el presidente Roberto Gil le requirió concluir con sus 5 minutos de tiempo.
La campechana sostuvo que para tener autoridad moral, el Senado debió empezar por transparentar los recursos que se gastan en casa, pero las cámaras se han convertido en el paraíso de los privilegios, del secretismo, del derroche y la corrupción. “Y en la calle nos gritan a todos ¡bandidos! El senador Barbosa decía en su informe que éramos casi una cajita de cristal ¡qué romántico es usted! pero se vale soñar”.
El discurso de la senadora del PT encendió los ánimos y llevó al ex presidente del Senado el año pasado, Barbosa Huerta, a pedir la palabra para ir a tribuna.
“Mi grupo ya está cumpliendo y puedo verla a la cara. La reto a que solicite, porque yo sí voy a solicitar saber cuántos recursos gasta usted y en qué los gasta…”
Visiblemente molesta, la campechana pidió abrir el micrófono para darle cuentas, mientras le tronaba los dedos y manoteaba al aire, pero Roberto Gil les recordó que los diálogos están prohibidos.
“Con calmita Layda, yo la respeto, pero ¿verdad que incomoda? Y yo voy a pedir la información de Emilio Gamboa, y de Manuel Bartlett y otros..” insistió Barbosa, quien al regresar a su escaño fue interpelado por la petista, que le expresaba que se lo había dicho con cariño y con amor.
Al posicionar el contenido de la ley, Pablo Escudero y Alejandro Encinas resaltaron que esta es la primera ley federal que regula una general, para ahondar en su aplicación y evitar junto con el sistema nacional anticorrupción “abusos del Estado, luchar contra la corrupción y prevenir cualquier indicio de autoritarismo que pudiera estar presente”.
Destacaron las cerca de 400 nuevas obligaciones a que estarán sujetos el poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, así como órganos autónomos para abrir la información.
Alejandro Encinas sostuvo que sí habrá rendición de cuentas de legisladores en lo individual y las bancadas, pero recordó que desde el pasado 30 de agosto venció el artículo transitorio que obliga a los grupos parlamentarios a transparentar sus gastos. “Estamos en falta”, acotó.
LA REFORMA
El dictamen de más de 500 cuartillas incorporó nuevas obligaciones para transparentar la evaluación educativa, entre éstas, que el INEE dé a conocer las declaraciones de nulidad de los procesos y resultados de la evaluaciones, así como las sanciones impuestas a la autoridad responsable de la materia.
Por lo que toca al Congreso, entre sus obligaciones deberá informar de los recursos financieros recibidos por los legisladores en lo individual por concepto de dietas, bonos, apoyos extraordinarios, apoyos para informes legislativos, compensaciones y gastos de gestión, así como los gastos relacionados con los viajes, viáticos y gastos de representación de los legisladores y acompañantes”.
Las cámaras deberán poner a disposición del público lista actualizada de legisladores con sus datos biográficos y fotografía, información de método de elección, trayectoria administrativa y actividades en el sector privado; la agenda legislativa, versiones estenográficas, programa de trabajo de las comisiones.
Iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo; leyes, decretos y acuerdos aprobados; padrón de cabilderos y de medios informativos acreditados, entre otros, pero no determina particularidades en cuanto a los gastos.
En obligaciones nuevas a la Cancillería, deberá abrir información en materia de negociaciones de tratados internacionales celebrados y en vigor, la entrega de concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional.
En el caso del Poder Judicial, se determinó que sus órganos propiciarán el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales, conforme a la legislación aplicable, así como propiciar mecanismos de acceso al público a las sesiones de los órganos colegiados administrativos siempre que su naturaleza lo permita.
Por lo que toca a facultades y obligaciones del propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se limita a 30 días las licencias que inicialmente eran de 6 meses; la elección del presidente del organismo deberá ser en sesión pública y no por voto secreto.
En tanto, hubo acuerdos para cambiar el artículo 197, a fin de que “en contra de las resoluciones del Instituto, derivadas del procedimiento sancionatorio previsto en este capítulo, procede el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación”.
En el caso de los sindicatos serán “sujetos directos” para que queden obligados a contar con un comité de transparencia a través del cual los ciudadanos pidan información.
En el caso de lo que será la Fiscalía General de la República (hoy PGR) deberá publicar número de denuncias o querellas que le fueron interpuestas, número de órdenes de presentación, aprensión y de cateo emitidas.
En materia hacendaria, la lista de estímulos fiscales establecidos en las leyes fiscales, identificados por acreditamientos, devoluciones, disminuciones, y deducciones, tanto de personas físicas, como morales, así como su porcentaje.
Se determina que se debe dar a conocer el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos; debiendo vincular tales actos con los datos de identificación señalados en este párrafo de los contribuyentes, así como exenciones fiscales.
