Diputados aprueban reformas a Ley de Ciencia y Tecnología

El proyecto aprobado permite a las instituciones educativas y entidades de la administración pública dedicadas a la investigación científica y tecnológica establecer alianzas con el sector privado.
El pasado 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo cual culminó la integración del paquete económico para el ejercicio fiscal 2016.
Sesión de la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología para ampliar a la totalidad de las instituciones educativas y entidades de la administración pública dedicadas a la investigación científica y tecnológica la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con el sector productivo.

Cancela así el impedimento de los investigadores para establecer vínculos con el sector privado mediante consorcios, alianzas y nuevas empresas, lo cual inhibe las inversiones en la materia.

Al fundamentar el proyecto en tribuna, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, José Bernardo Quezada, sostuvo que la investigación científica y el desarrollo tecnológico son factores determinantes para el crecimiento y progreso de la industria y economía de un país.

De acuerdo con estimaciones internacionales México puede pasar de ser la economía número 11, a ser la quinta a nivel mundial en el 2050, siempre y cuando “quienes tomamos las decisiones entendamos la importancia de la ciencia y de la tecnología y aumentemos la inversión en este rubro”, dijo.

México invertirá el próximo año 91 mil 650 millones de pesos en ciencia, tecnología e innovación, es decir, apenas 0.57 por ciento del PIB, en contraste con Estados Unidos, que invierte 2.77 por ciento del PIB; Japón, 3.3 por ciento; Corea del Sur, 4.03 por ciento, e Israel, 4.38 de su PIB.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados aprobó también una reforma a Ley General de Cultura Física y Deporte para garantizar a todas las personas la igualdad de oportunidades dentro de los programas de cultura física y deporte que se implementen, sin importar su origen étnico o preferencia sexual.

Asimismo prevé el acceso de todas las personas a los programas de desarrollo en materia de cultura física y deporte en igualdad de oportunidades; dotar al ordenamiento jurídico de elementos y mecanismos necesarios para garantizar la máxima protección de los derechos humanos, así como establecer la concordancia con la Constitución Política.