Jubilado exige pago a consejo Isssteleón

Expresó que esto da pie a una ilegalidad contemplada en el Código Penal vigente, en el rubro de delitos cometidos por funcionarios públicos, y que motivó, en su caso particular, a tramitar el ...
Francisco Quintanilla Ruiz.
Francisco Quintanilla Ruiz. (Francisco Zúñiga/Archivo)

Monterrey

Un ex empleado de Gobierno envió una carta abierta a los integrantes del Consejo Directivo del Isssteleón para informarles que personal de ese organismo le ha negado a un grupo de ex burócratas no sindicalizados y a él, un fondo de ahorro.

Francisco Quintanilla Ruiz señaló que sus compañeros desde hace varios años han tratado de cobrar el ahorro, que dijo, por ley debieron habérselos entregado al cumplir 65 años de edad, y que “por argucias legaloides implementadas por quienes dirigen los departamentos de prestaciones sociales y económicas, el jurídico y la dirección general del Isssteleón, nos han negado sistemáticamente esa justa retribución, obligándonos a seguir largos juicios civiles y penales”.

Quintanilla Ruiz señaló que el grupo que representa advierte que, durante decenas de reuniones pasadas los integrantes del Consejo Directivo, no han sido debidamente informados de las injusticias que han sufrido a causa de tres empleados, que “ni siquiera tienen las facultades para podernos negar esos dineros de nuestro ahorro, por ser facultad exclusiva del Consejo Directivo, tal y como lo sentencia la propia Ley del Instituto”.

Expresó que esto da pie a una ilegalidad contemplada en el Código Penal vigente, en el rubro de delitos cometidos por funcionarios públicos, y que motivó, en su caso particular, a tramitar el inicio de dos averiguaciones penales contra estos representantes.

“Debo de suponer que ellos no les han informado oportunamente a ninguno de ustedes sobre nuestras solicitudes de retribución, a pesar de haber cubierto los trámites correspondientes desde el mes de diciembre de 2012”.

Expresó que dichos funcionarios se basan en artículos de la ley que no son aplicables, pero que a ellos les sirven de excusa para obligar a los jubilados a tener que iniciar demandas de larga duración.