Involucrados en caso Alfa podrían alcanzar cárcel: Romo

El líder de la bancada del PRI dijo que esto evidencia la corrupción y el tráfico de influencias, entre Mauricio Fernández y Ugo Ruiz, para beneficiar intereses personales y familiares.

Monterrey

Al asegurar que el municipio de San Pedro se brincó por alto la Ley de Desarrollo Urbano del estado en el caso de la permuta con el grupo Alfa, el líder de la bancada del PRI, Edgar Romo, advirtió que los funcionarios y ex funcionarios que permitieron este convenio podrían incluso acabar en la cárcel.

El coordinador priista señaló que según la Legislación estatal en la materia, en su artículo 201, el municipio nunca debió aceptar que el grupo Alfa compensara al Ayuntamiento con un terreno en otro sitio del municipio.

"Esta situación es causa de responsabilidad penal, es un caso que alcanza responsabilidad penal, sin duda alguna, porque la Ley de Desarrollo Urbano solamente te permite en su artículo 201, fracción primera, que el 17 por ciento que deben ceder, es del área vendible... se debe ceder sin condición, sin reserva alguna".

Esto significa que la pasada administración de San Pedro e incluso la actual que encabeza Ugo Ruiz, encaja en el delito del Ejercicio Indebido de Funciones, según el código penal, y que ya ha sido aplicado por la Auditoría Superior del Estado en otros municipios donde se han presentado este tipo de casos.

"Cuando indebidamente otorguen permisos, licencias o autorizaciones... por qué lo otorgaron indebidamente, porque está condicionada, y número dos por que la otorgó fuera del área vendible.

"Estamos frente a una causa de responsabilidad penal, y que evidencia la corrupción y el tráfico de influencias, entre Mauricio Fernández y Ugo Ruiz, para beneficiar intereses personales y familiares", dijo.

Un caso similar ocurrió en los municipios de Linares y en Marín en el año 2012, donde los alcaldes aceptaron pagos en especie, en lugar de la cesión del 17 por ciento de los terrenos para áreas municipales, por lo que la ASE procedió penalmente contra estos servidores.

El 31 de marzo de 2011 se celebró un convenio entre el entonces alcalde, Mauricio Fernández y Grupo Alfa condicionado a que el municipio recibiera un área municipal como compensación de lo que le correspondía por el Proyecto Carrizalejo, y para la construcción del C4, así como para campos deportivos municipales.

En el convenio se acordó que Alfa -en la que participa como accionista Fernández-, conservará los 11 mil 374 metros de las 13 hectáreas del terreno de Carrizalejo permutando 39 mil metros del predio, ubicado en Bulevar Díaz Ordaz.

El problema surgió a inicios de esta semana cuando el ex Síndico, Hiram de León confesó que nunca había firmado el convenio y sin su rúbrica el documento era ilegal.

Romo García señaló que incluso los integrantes del Cabildo pueden ser señalados con responsabilidad penal.