Interpol emite ficha roja contra el dueño de Ficrea

Rafael Antonio Olvera Amezcua ahora es buscado a nivel internacional para responder ante la justicia mexicana; cuenta con una orden de aprehensión.
La Interpol emitió una ficha roja contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea.
La Interpol emitió una ficha roja contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea. (Especial)

México

Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, ya es buscado a nivel internacional, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja para lograr su captura.

Funcionarios de la dependencia federal revelaron que la petición la realizaron hace unos días, una vez que un juez federal en México concedió la orden de aprehensión contra Olvera Amezcua por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Interpol es la mayor organización policial internacional del mundo, con 190 países miembros; cuenta con infraestructura de alta tecnología de apoyo técnico y operativo, y ha participado en la localización de diferentes prófugos de la justicia mexicana.

El pasado martes, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, dio a conocer la existencia del mandamiento judicial, pero no precisó cuándo fue otorgada la orden de captura ni el monto por el cual fue acusado al dueño del Ficrea, quien se presume utilizó ilegalmente el dinero de los ahorradores para diversos negocios.

Olvera Amezcua ha sido señalado por autoridades financieras de ser responsable de un presunto fraude de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de los ahorradores.

Además de Amezcua, la PGR inició la búsqueda de otros socios del Ficrea, a quienes también se ordenó aprehender por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Hace tres semanas, Rafael Olvera promovió un amparo contra la intervención gerencial que realizó el gobierno contra la Sociedad Financiera Popular (Sofipo); en la demanda impugnó la intrusión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) a dichas cuentas; sin embargo, el juicio no ha concluido, pues la audiencia programada para determinar si se le concedía o no una suspensión definitiva fue diferida.

Cabe mencionar que el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, deslindó a esta institución del fraude cometido por Ficrea a los usuarios de estas sociedad financiera popular.

"Somos responsables a partir de que inicia la intervención. Aquí el responsable del fraude es Rafael Olvera Amezcua (principal socio)", declaró el funcionario en diferentes entrevistas para Radio Fórmula.

González Aguadé agregó que a través de Leadman Trade se engañaba a los usuarios, porque mediante esta arrendadora se firmaban los créditos para los clientes.

Reunión de trabajo

La Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para convocar a un reunión de trabajo a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Alberto Di Costanzo Armenta, y al titular de la Unidad de inteligencia financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz Sacal, a fin de que expongan el avance de las investigaciones sobre el caso Ficrea.

En un principio, la propuesta presentada por los perredistas Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Carlos Augusto Morales López solicitaba que comparecieran los titulares de la CNBV, Condusef, y la subprocuradora jurídica de la PGR, Mariana Benítez; sin embargo, se modificó y ya no fue incluida la subprocuradora.

En su lugar, se agregó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz.

En entrevista, el senador perredista Mario Delgado expresó que "estamos ante un caso de una intervención tardía, torpe y ahora ante una liquidación apresurada, es muy claro que hay una omisión".

La permanente también solicitó la creación de un fondo para resarcir el daño a los ahorradores.