INE abre primer proceso de sanción en Coahuila

En San Pedro entregaron recursos de 'Progresa' en tiempo electoral, cuando se informó que la fecha límite era el 30 de marzo. Las filas de beneficiarios se vieron ayer en la Casa de la Cultura.

San Pedro de las Colonias, Coahuila

Las filas de los adultos mayores empadronados a la pensión que el gobierno federal otorga a través del programa Progresa y la Secretaría de Desarrollo Social, saturaron el interior de la Casa de la Cultura de San Pedro de las Colonias, donde se entregaron los recursos económicos, lo que configuró una violación a la Ley de Procedimientos Electorales.

A pesar de que se informó que el adelanto del pago de pensión era hasta el 30 de marzo pasado, fecha que también se estableció como plazo para empadronar a nuevos beneficiarios, este martes pareció todo normal.

Esta situación fue considerada como violatoria por Yalila Álvarez Atienzo, vocal ejecutiva del Distrito 02 en Coahuila del Instituto Nacional Electoral, por lo cual de inmediato ordenó una inspección física a la Casa de la Cultura, donde se tomaron fotografías como elementos probatorios y dijo, se iniciaría una investigación.

De esta forma se comenzó el primer procedimiento sancionador por parte del INE en el Distrito 02 de Coahuila, considerado el segundo más grande del país.

“La ley tiene muchas novedades que si no conocemos podemos incurrir en una violación”, apuntó la vocal, quien señaló que el INE emitió dos acuerdos generales que concentran normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos.

Se encuentran tipificadas dentro del artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así queda prohibida la difusión o cualquier tipo de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas electorales y hasta el día en que se desarrollará la jornada, con excepción de información relacionada a temas de educación, salud y protección civil, apuntó Álvarez Atienzo.

Refirió que ante hechos como este pueden aplicarse infracciones respaldadas en la ley, incluso a servidores y entes públicos, al comprobarse la utilización de programas sociales y sus recursos, con la finalidad de coaccionar el voto.

“La ley es clara y ahora no pueden estar entregando nada”, sentenció la vocal ejecutiva del Distrito 02, con asiento en San Pedro de las Colonias.