REPORTAJE | POR VIRIDIANA MARTÍNEZ

“INE pone en riesgo autonomía de las instituciones electorales”

El paso del IFE al INE podría atentar contra la credibilidad del organismo, le serían atribuidas responsabilidades que no le corresponden y queda  indeterminada su participación durante los comicios.

Deben acabar con el clientelismo político.
Deben acabar con el clientelismo político. (Tania Contreras)

Toluca

El cierre del Instituto Federal Electoral (IFE) para dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE), es una decisión que no solo "está echando por la borda todo lo avanzado en los últimos 20 años en la consolidación del IFE, sino que pone en riesgo la autonomía de las instituciones de las entidades por tratar de solucionar un problema que podría haber sido atendido de otra manera", exteriorizó Javier Arzuaga Magnoni, doctor en Ciencias Sociales y catedrático e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM.

Ahora que el IEEM va a pasar a depender de la estructura del INE, va a tener un estatus semiautónomo pero con fuertes vínculos con el Instituto Nacional financiado por el gobierno del Estado de México, pero no desaparecerá la influencia.

"Hay una intervención fuerte desde la Federación en términos de obligar a los estados a hacer reformas constitucionales y a desaparecer institutos que no se crearon a nivel federal sino estatal", señaló.

En este sentido, se pone en peligro la autonomía; "si antes teníamos un instituto presionado desde un ámbito, ahora vamos a tenerlo desde muchos. Seguramente la próxima vez que haya comicios en la entidad mexiquense, habrá presiones de gobierno del estado para que sea la autoridad local la que organice; habrá presiones a nivel federal que digan que hay que intervenir en la elección; generará un espacio de conflicto mucho más amplio e innecesario, porque las votaciones aquí van a tener muchos más problemas que las de nivel federal", todo porque "somos capaces de destruir lo que funciona bien".

Además consideró que se atenta contra la credibilidad del organismo, pues "si hay una institución en México, en los últimos años, que la gente refería con cierta valoración positiva, es el IFE. Todo mundo sabe qué es y ahora de pronto desaparece".

La máxima consecuencia es que "el INE queda en niveles de indeterminación respecto de su participación en los procesos locales que se generarán muchos conflictos".

En el entendido de que un cambio de esta índole busca tener un impacto sobre el comportamiento de las personas o grupos, las reglas funcionan siempre y cuando se institucionalicen, pero dejan de hacerlo si son modificadas permanentemente porque entonces "las personas ya no se ajustan a la norma sino a la expectativa de que va a haber un cambio pronto", es decir provoca "desinstitucionalización".

"Las modificaciones eran innecesarias y pudieron evitarse con mecanismos para aislar a los institutos de los gobiernos".

Las modificaciones del nombre y de la estructura "eran innecesarias y pudieron evitarse con mecanismos para aislar a los institutos de los gobiernos; se podría haber buscado una mayor profesionalización, mecanismos más transparentes de selección".

EL PROBLEMA ES DE FONDO

La influencia de los gobernadores en los organismos locales es fuerte pero no más que la de los partidos políticos; sin embargo, hay una parte del proceso electoral que está cada vez menos determinada por éstos últimos: desde que una persona llega a la urna a votar, hasta que se entregan los resultados. "Los institutos federales y locales han trabajado de manera muy profesional, ya no hay, digamos, trampas en esos casos".

Los problemas surgen de fondo, por ejemplo con el manejo de los medios de información o con la posibilidad de introducir a la campaña dinero que no estaba previsto que ingresara.

Se trata de "mecanismos de clientelismos políticos, de coacción de votos, eso es lo que queda por trabajar todavía. La pregunta es si eso les corresponde a los institutos electorales, entonces una buena forma de haberlos puesto a salvo y dejarlos hacer la tarea que hacen bien, era poner fuera esos aspectos del administrador electoral y colocarlo en la esfera de la justicia, entonces podríamos haber separado las cosas".

SOBRECARGA EN LA AUTORIDAD

Agregó que le atribuyen responsabilidades al instituto que no son suyas, por ejemplo en el tema de medios de comunicación. "Le estamos dejando a la autoridad electoral que resuelva problemas que en realidad tienen que ver con la falta de competencia en el mercado de telecomunicaciones".

"Si había que hacer una reforma en estos momentos, no debía ser en términos de modificar la estructura organizativa".

El problema no es que los medios se expresen partidariamente, "eso sucede en todo el mundo; la cuestión es que si hay una sola y se expresa partidariamente, tenemos un monopolio partidario... como no tienes otros mecanismos preparados para que la competencia sea más justa, le estás cargando a la autoridad electoral".

ENFOCARSE

Arzuaga Magnoni señaló que "la autoridad electoral tendría que dedicarse exclusivamente a lo que le toca: a entregar financiamiento, fiscalizar los recursos que entrega, garantizar el acceso a los tiempos de radio y televisión, ver que los partidos se formen conforme a la ley y toda esas cosas, es lo que le corresponde y lo hace bien, no hacía falta tocarlas".

Encima "hay también una creencia injustificada en la capacidad que tiene la ley de modificar los comportamientos". Piensan que cambiándola harán que los gobernadores no intervengan. "Es una creencia ingenua y ¿con qué vas a financiar el sistema electoral? ¿con dinero de las legislaturas estatales?".

FUNCIONES A LA CIUDADANÍA

"En la medida en que estamos hiperregulando, estamos teniendo cada vez mayor necesidad de intervención de las autoridades, que quedan cada vez más expuestas a los conflictos que surgen de sus intervenciones, entonces hay un proceso de deslegitimación de éstas", explicó el doctor.

Agregó que esto refiere sobre todo de las locales que de las federales "porque estamos sobrecargando la función de las autoridades electorales. Me parece que hay muchas cosas que deberíamos dejar de sancionar y pensar que sean los ciudadanos los que lo hagan a partir de su voto y comportamiento político".

El problema es que "hay una especie de sobretutelaje de la ciudadanía. Si había que hacer una reforma en estos momentos, no debía ser en términos de modificar la estructura organizativa de las autoridades que funcionaban, sino cambiando las expectativas que tenemos de éstas y quitando una parte de las funciones y regresándoselas a la ciudadanía o al sistema judicial".

Esto es como poner bastones a alguien aunque no los necesite; nunca va a saber si puede caminar o no sin ellos, habría que hacer un fortalecimiento de sus piernas para que puedan hacerlo solos, ejemplificó. "Lo necesario es que la ciudadanía empiece a expresar qué no les gusta de los partidos".