Haciendas públicas comprometidas

Toluca

El futuro de la hacienda pública en muchos municipios del Estado de México está comprometido en extremo. El grado de irresponsabilidad y de corrupción que se advierten detrás de estas grandes deudas tendría que originar algo más que inhabilitaciones para que los implicados no vuelvan a ejercer ningún cargo.

Se dice que lo que no cuesta no duele y el erario, conformado por el pago de impuestos, ejemplifica, en el menos peor de los casos, esa ligereza de conducta.

La corrupción, un cáncer tan socorrido en el país como la impunidad, se muestra sin que los responsables de los quebrantos respondan por ellos. Hay casos que requieren un trato más profundo: Naucalpan, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Zinacantepec, Atizapán de Zaragoza, Nezahuacóyotl, etc. Simples inhabilitaciones no sirven de mucho.

Porque las nuevas administraciones llegaron y se encontraron con un verdadero tiradero; y algunos que se fueron ahora andan paseando su cinismo y su fuero. Esto es lo que no debe suceder. Como no se aplica la ley, como se hace que se investiga sin investigar, al final terminan segundones como “chivos expiatorios”.

Al margen de los acuerdos políticos entre partidos, la situación en las finanzas municipales ha llegado a límites imposibles, en donde solo les queda para la nómina y el gasto corriente, teniendo hipotecadas todas la partidas estatales y federales para el pago de deudas, que si no son con bancos privados son con organismos como la CFE, la CAEM, ISSEMyM, etc.

Ahora bien, se está viendo un nuevo truco para atar los dineros públicos a los pasivos, como la figura de la reestructuración de deudas mediante la cual simplemente se extiende el plazo del compromiso, aligera la carga y permite la contratación de nuevos créditos para, en parte, cubrir los que se vienen arrastrando y poder financiar el gasto operativo.

El hecho de que en un año la deuda municipal se haya elevado 6 mil millones de pesos, sumando así ya un total de 22 mil millones de pesos, obedece en algunos casos a ese tipo de estrategias, pero el organismo fiscalizador y, principalmente el Congreso local, está obligado a revisar con mucho cuidado todas las solicitudes de crédito.

Si bien es cierto que no se puede colocar ninguna camisa de fuerza a las administraciones municipales ni dejarlas a su suerte, no se puede actuar como se ha venido haciendo en el pasado reciente; esto es, que por compromisos o acuerdos políticos, determinado alcalde, del partido que sea, reciba autorización de todo sin que medien argumentos de peso.

Esto es lo que no se ha cuidado. Por quedar bien todos con todos, a los únicos que han dejado en el aire, con la nula o ineficiente prestación de servicios y obras públicas, son a los ciudadanos. Los diputados locales dicen que, ahora sí, van a investigar y a actuar. Ya veremos y diremos.