Guadalajara paga indemnizaciones por $22.5 millones

Uno de los casos millonarios es el de una mujer que fue herida por un policía con un arma de fuego, provocándole lesiones que la dejaron parapléjica.
Aunque el Ayuntamiento tapatío atraviesa por un ahogo económico, sus autoridades han entregado con generosidad pagos por indemnizaciones.
Aunque el Ayuntamiento tapatío atraviesa por un ahogo económico, sus autoridades han entregado con generosidad pagos por indemnizaciones. (Milenio)

Guadalajara

A pesar de las dificultades económicas que enfrenta el Ayuntamiento de Guadalajara, sus autoridades han sido generosas cuando se trata de pagar indemnizaciones. Los recursos se han entregado sin agotar la posibilidad de negociar, incluso en casos de demandas laborales en las que ha reinstalado a los trabajadores.

Como consecuencia de esta actitud, se han tenido que pagar más de 22.5 millones de pesos. Uno de los casos en los que se han pagado indemnizaciones millonarias, es el de una mujer que fue herida por un policía con arma de fuego, lo que le provocó lesiones que la dejaron parapléjica.

Se trata de Ana Angélica Rodríguez Luévano, quien presentó una demanda ante el Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE), en la que reclamó una indemnización de dos mdp. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2011 el TAE dictó una sentencia contra el Ayuntamiento de Guadalajara por 20 millones de pesos.

En la sentencia, se obliga además al municipio a entregar a Rodríguez Luévano una vivienda de al menos 200 m2; un vehículo adaptado; una silla de ruedas eléctrica; asistencia médica y psicológica para ella y sus hijas, así como educación a las menores.

En el desarrollo del juicio, el ayuntamiento no impugnó las inconsistencias por parte del TAE, al conceder en la sentencia más de lo que el demandante pidió. Una vez emitida la resolución, el municipio planteó un convenio conciliatorio, para pagar 16 millones de pesos.

El resto de las indemnizaciones que ha pagado el municipio son por sentencias dictadas en juicios laborales. Una de ellas es a Jorge Luis Sepúlveda Chávez, quien en 2010 demandó por despido injustificado. Ese mismo año el Tribunal de Arbitraje y Escalafón sentenció al municipio a pagar todas las prestaciones. Después de varios juicios de amparo y recursos, finalmente se ratificó la resolución en 2012. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó de inmediato y fue hasta junio de 2014 cuando el trabajador fue reinstalado, aumentando el monto de la indemnización a 2.2 mdp.

En este caso, el Ayuntamiento tampoco intentó negociar el monto sentenciado y, a pesar de la reinstalación, el 25 de julio pasado firmó un convenio para pagar el total, según la petición que hizo el director de Recursos Humanos, Felipe López García, un mes antes.

Otro caso similar es el de Nicolás Lemus Rodríguez, quien también acudió a la justicia laboral, reclamando la reinstalación como jefe de unidad departamental y el pago de poco más de un millón de pesos, tras ser despedido en 2010. Al defenderse, el ayuntamiento argumentó que no era trabajador, pero ofreció reinstalarlo, lo que aparentemente sucedió en enero de 2012.

El trabajador presentó dos demandas más de despido injustificado, ambas de enero de 2012 y en mayo de 2013 se dictó una sentencia por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón que absolvió al municipio de pagar prestaciones. Lemus Rodríguez promovió un amparo que le fue concedido. Al dictar una nueva resolución, el Tribunal de Arbitraje condenó al ayuntamiento al pago, pero las autoridades ya no se defendieron, a pesar de que en el anterior proceso habían logrado acreditar la falsedad de declaraciones del demandante. Recursos Humanos pidió en julio pasado el pago de 1.8 mdp.

También en el mes de julio, las autoridades municipales firmaron un nuevo convenio para indemnizar con poco más de un millón de pesos a Marco Adrián Lara López, quien también demandó despido injustificado en 2010. El Ayuntamiento argumentó que no era servidor público, pero también le ofreció la reinstalación.

Ante los argumentos del municipio, el Tribunal de Arbitraje lo absolvió de pagar, pero luego en el amparo perdió el juicio, condenándole a pagar más de un millón de pesos.

En otros casos similares, el municipio pagó indemnizaciones por juicios laborales, sin negociar una reducción en el monto, pagando 90 por ciento y reinstalando a los trabajadores, 716,843 pesos a Enrique Elisue Meléndez Navarro y 655,739 a José de Jesús Barajas González.