Funcionario de Segob suma 2 quejas por acoso laboral

La CNDH ha documentado las denuncias de dos mujeres contra Héctor Iturribarría, hoy empleado del SNSP, una en 2011 y otra en 2015; la más reciente es la de Laura Covarrubias Martínez.
El 3 de noviembre la afectada en el DF acudió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia.
El 3 de noviembre la afectada en el DF acudió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. (Cuartoscuro)

Por cuatro años el director general adjunto del Centro Nacional de Información (CNI) del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Héctor Iturribarría Pérez, ha estado bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusado en 2011 y 2015 de acoso laboral a dos mujeres.

El caso más reciente fue contra la, hasta hace poco, directora de área del CNI, Laura Edith Covarrubias Martínez, a quien le dijo, según consta en la queja presentada ante la CNDH, "elije entre ser directora y madre..."

Sin motivo laboral aparente, de acuerdo con la denunciante, ésta fue impedida de ingresar en los primeros días del presente mes a las oficinas donde trabajaba.

Entrevistado vía telefónica, el funcionario de la Secretaría de Gobernación Iturribarría Pérez negó las acusaciones de Laura: "Lo que busca es mediatizar algo de lo que ella tiene la culpa, es falso".

Se le recordó que en 2011 vivió una situación similar en Oaxaca, cuando era funcionario del gobierno estatal; en ese entonces su caso también llegó a la CNDH, acusado de "acoso laboral" por parte de María Elena López Bretón.

Reacio a referirse a ambos casos, con el argumento de que el más reciente está en manos de la CNDH y el primero "está cerrado", dijo que ambas mujeres "confunden temas laborales con la discriminación".

En tanto, Laura informó que su despido ya es del conocimiento del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Felipe Muñoz, con quien se ha entrevistado dos veces en los últimos días.

Según su versión, este funcionario le aseguro que está revisando su caso y todo parece indicar que será reinstalada, "así me lo dijo".

Denuncias

Laura es actuaria y participaba, desde su puesto en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el registro delictivo del país que el organismo elabora mes con mes.

Iturribarría Pérez "me despidió por ocupar tiempo de mi trabajo en la lactancia de mi hijo", acusó.

De inmediato, la mujer presentó, el pasado 3 de noviembre, su queja ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y dos días después ante la CNDH.

"Después del nacimiento de mi hijo se me comenzó a marginar". Su tiempo de lactancia le fue recriminado, "a cambio me pedía trabajar horas extras".

Finalmente, el pasado 30 de octubre la citaron por la noche a una junta de trabajo. No hubo tal y a cambio le pidieron presentar su renuncia. Le advirtieron que si no lo hacía le levantarían "un acta por pérdida de confianza"; para el 3 de noviembre ya no le permitieron ingresar al edificio.

Caso Oaxaca

El otro caso donde se vio envuelto Ituttibarría Pérez ocurrió en 2011, en Oaxaca, donde María Elena López Bretón lo acuso, también, de acoso laboral.

Los hechos quedaron narrados en la recomendación 29/2011 de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y en la resolución de la CNDH 4/2011/10278/Q.

Tanto la mujer como el funcionario trabajaban en ese entonces con el gobernador Gabino Cué Monteaguo; Iturribarría Pérez era su jefe de la Oficina.

En aquel entonces, la defensoría de derechos humanos resolvió que María Elena había sido violentada en sus derechos a manos de uno de los subordinados de Ituttibarría Pérez, Jesuswaldo Martínez Soria.

En el documento de queja se narra que éste le ordenó a la mujer presentarse a su trabajo el mismo día que se iba a practicar un legrado. El embarazo había fracasado y María Elena estaba sometida a presiones laborales.

Posteriormente Iturribarría Pérez le pidió la renuncia pese a que la defensoría del estado le había ordenado que instruyera por escrito a Martínez Soria a respetar los derechos de la funcionaria María Elena.

El caso llegó a manos de la CNDH a solicitud de la víctima, debido a que los acusados habían presentado un expediente clínico apócrifo de la mujer "como prueba de descargo".

Sin embargo, en noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontró "la probable falsificación de papelería oficial del IMSS, por cuanto a la falsificación de firmas en el resumen médico que de la agraviada se presentó por personal del gobierno del estado de Oaxaca".

La afectada pidió dar vista al Ministerio Público, pero todo se detuvo. Casi tres años después, López Bretón insiste ante la CNDH para la reapertura de su queja y las reparación del daño.