“Ley Eruviel”, represalia contra Atenco

La norma represiva aprobada en el Edomex pretende acallar reclamos de justicia por las aún impunes violaciones sexuales a 27 mujeres en 2006.
Mujer de Atenco, en una de las movilizaciones en la Ciudad de México.
Mujer de Atenco, en una de las movilizaciones en la Ciudad de México. (César Martínez López | Cimacnoticias)

Con dedicatoria al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), el gobierno del Edomex aprobó una ley que faculta a la policía estatal para reprimir las protestas sociales que en el futuro traten de impedir, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, tal y como ocurrió hace 10 años.

Ahora la policía mexiquense podrá legalmente usar esposas, cadenas de fuerza, armas de fuego o dispositivos que generen descargas eléctricas contra las personas que atenten contra el orden, aunque, a decir de activistas, estos mecanismos se utilizarán contra los disidentes de proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el cual se pretende esté listo en 2020.

Aunque México está en la mira de organismos internacionales por la tortura sexual ejercida por cuerpos de seguridad en el Edomex en 2006, la iniciativa, bautizada como "Ley Atenco", pero renombrada por las comunidades mexiquenses como "Ley Eruviel" —porque fue el gobernador quien la propuso y la avaló—, fue aprobada por el Congreso local el 17 de marzo y publicada al día siguiente en el periódico oficial del Estado de México.

Ignacio del Valle y Trinidad Ramírez —Doña Trini—, líderes del FPDT que en 2001 y luego en 2006 impidieron la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto, aseguraron que esta ley lleva implícita una dedicatoria de Enrique Peña Nieto (gobernador mexiquense de 2005 a 2011) hacia los pobladores de Atenco.

Desde 2001 el FPDT lideró la resistencia cuando en octubre de ese año el presidente Vicente Fox anunció la construcción de un aeropuerto, y publicó un decreto expropiatorio de la tierra ejidal en Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Comenzaron así las manifestaciones campesinas.

Del Valle, el líder detenido en 2006, encarcelado y condenado a 112 años de prisión por participar en las protestas de Atenco, dijo que con esta ley se pretende arrebatar la libertad y la vida de las personas que se atrevan a manifestarse, y que incluso es un paso para allanar el camino hacia la construcción del aeropuerto.

Ajuste de cuentas

Las cuentas entre Peña Nieto y los líderes del FPDT están pendientes y por eso Del Valle consideró que no es de sorprender que se expida una ley para reprimirlos, pues las autoridades estatales y federales han utilizado muchos medios para engañar a la población sobre el proyecto aeroportuario, acallar su exigencia de justicia, y con ello quebrar el movimiento de resistencia.

El líder recordó que los comuneros que en 2001 se organizaron para defender su territorio con protestas y acciones legales echaron para atrás el proyecto, y en agosto de 2002 Fox abrogó el decreto expropiatorio.

Cuatro años después del triunfo del FPDT hubo un intento por acabar con esta organización, pues el gobierno estatal provocó a los ejidatarios al impedir que los floricultores de Texcoco se plantaran afuera del mercado Belisario Domínguez para vender sus productos.

El 2 de mayo de 2006 los ejidatarios de Atenco acordaron con las autoridades municipales y estatales que se permitiría la venta de los floricultores; pero el 3 de mayo la policía los desalojó por la fuerza, hecho que provocó la indignación y bloqueos carreteros por parte de comuneros, y desembocó en los operativos del día siguiente que culminaron en una represión que hoy sería avalada por la ley.

Doña Trini sostuvo que la ley recién aprobada legaliza la represión ordenada por el ex gobernador Peña Nieto y por los políticos mexiquenses del llamado grupo Atlacomulco; además alertó que con esta acción las mujeres y los hombres que participen, o que siquiera se acerquen a cualquier movilización, estarán en más riesgo de ser víctimas de agresiones policiacas como en 2006.

Violaciones no se olvidan

En aquella ocasión en Atenco y Texcoco los testimonios sobre abusos policiacos, amenazas de asesinato y desaparición, golpes, detenciones arbitrarias, los dos homicidios y la tortura sexual contra las mujeres, llegaron ante diversas instancias internacionales.

Hubo más de 207 personas detenidas, entre ellas 47 mujeres, y 27 de éstas fueron agredidas sexualmente. Once de ellas mantienen una denuncia por tortura sexual ante la CIDH, organismo que analiza el caso para determinar si las víctimas y el Estado mexicano llegan a una solución amistosa, o si pasa ante la CoIDH para que emita una condena.

Martha Pérez Pineda, integrante del FPDT, dijo que la "Ley Eruviel" es un intento para borrar las demandas de las mujeres de Atenco que siguen pendientes ante la CIDH, pero también es una norma que legalizará las futuras represiones policiacas.

Aunque la ley diga que el uso de la fuerza se hará en el contexto del respeto la dignidad humana, la activista advirtió que puede servir también para justificar la tortura sexual pues, sin esta ley, en 2006 se dijo que el "abuso sexual" no era un delito grave y ahora habrá más elementos para desacreditar las posibles denuncias.

Más represión

Berenice Sánchez, indígena de San Francisco Magú, en el municipio de Nicolás Romero y defensora del agua, relató que ya desde 2015 los policías estatales intervinieron reuniones en las que la población elegía a sus autoridades comunales. Por eso advirtió que si se permite esta ley no pasará mucho tiempo para que otros estados aprueben normas similares para reprimir la protesta social.

A decir del investigador de Fundar, Miguel Moguel, ya hay otras leyes similares como la de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo; la de Movilidad de la Ciudad de México; el Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza en Chiapas; y la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza en Puebla, conocida como "Ley Bala".

Moguel señaló que es necesaria la intervención de la CNDH o del organismo defensor en el Edomex, para que escuchen la postura de los grupos civiles y hagan uso de su facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

José Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, enumeró cuatro formas para detener la ley: la primera es que Ávila la vete; la otra es que no publique su reglamento y por tanto no se aplique; la tercera es que la CNDH interponga una acción de inconstitucionalidad, y la cuarta, que la ciudadanía acuda a los juzgados a interponer amparos.

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