Frenan PRI y PRD regulación de marchas, acusa PAN

Diputados de priistas y perredistas solicitaron a la CNDH una opinión sobre la constitucionalidad de la Ley de Manifestaciones Públicas del DF.
El carril central de Reforma fue cerrado desde Insurgentes con dirección al centro
(Fanny Miranda)

Ciudad de México

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados acusó al PRI y al PRD de violar el proceso legislativo para frenar la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal, al solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una opinión sobre la constitucionalidad de ese proyecto.

El principal promotor de la iniciativa, Jorge Sotomayor, advirtió que dicha acción sienta un grave precedente y establece en los hechos un “veto de cajón”, pues la única instancia facultada para determinar la constitucionalidad de una ley es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Acompañado por los vicecoordinadores panistas Jorge Villalobos y Consuelo Argüelles, así como una decena de legisladores de su fracción, Sotomayor afirmó que los capitalinos claman por la regulación de las marchas, que a su vez le generan cotos millonarios a la ciudad.

“El Distrito Federal ya no aguanta más estas manifestaciones; el impacto económico que estamos teniendo es garrafal: sabemos, por ejemplo, que con la conmemoración del 2 de octubre fueron más de 80 millones de pesos en pérdidas por manifestaciones vandálicas y el propio gobierno capitalino determinó que a diario una manifestación cuesta diez millones de pesos a esta ciudad”, puntualizó.

Subrayó que la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal no pretende favorecer a los empresarios y comerciantes de la capital, sino a los ciudadanos que tienen la necesidad de trasladarse a un hospital o a su centro de trabajo.

El dictamen correspondiente fue aprobado en diciembre pasado por las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos, y entre otros aspectos prevé la disolución de marchas violentas, así como arrestos administrativos de hasta 36 horas en el llamado Torito y multas máximas de treinta días de salario mínimo a quienes alteren el orden público, bloqueen vialidades o impidan el acceso de las personas a sus centros de trabajo.

Impone, además, a los manifestantes la obligación de notificar a la autoridad la ruta de sus movilizaciones con 48 horas de anticipación, además de prever un horario entre las once de la mañana y las seis de la tarde para la realización de las manifestaciones públicas.

Prohíbe las marchas en las vías primarias o de un solo carril, al tiempo de obligar al gobierno capitalino a nombrar un interlocutor para tratar con los inconformes.