Preparan estrategias legales contra la llamada Ley Atenco

Organizaciones civiles, partidos políticos y habitantes buscan frenar la implementación de la ley que regula el uso de la fuerza en el Estado de México.
Policía.
Archivo. (Milenio Digital)

Ciudad de México

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social espera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos analice la recién aprobada Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México e interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se evite su aplicación.

Sofía de Robina, representante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social integrado por más de 10 organizaciones, dijo que esta es su principal estrategia y de no prosperar tramitarán amparos contra la aplicación de la ley.

"Hicimos un llamado a la CNDH porque son pocos los actores que pueden interponer esta acción de inconstitucionalidad. En estos días presentaremos un documento de análisis técnico-jurídico para solicitar que la CNDH haga este estudio de la ley. Es indispensable que la Comisión ayude a garantizar que las legislaciones no sean contrarias a los derechos humanos. Esta semana estaremos presentando este documento para apoyar su análisis y lo haremos público. Le pediríamos a la CNDH y a la SCJN analicen cómo es contraria a los derechos como el de libertad de expresión, de reunión, de asociación, a la integridad y a la libertad. Si la Corte determina su inconstitucionalidad se retiraría por completo del orden normativo, por eso esa es la primer opción que tenemos", dijo en entrevista para MILENIO.

De Robina explicó que si esto no se logra y la ley entra en vigor a finales de julio, como se tiene planeado, entonces procederán con la interposición de amparos, aunque reconoció que "solamente aplicarán para la persona que lo interpuso".

"Los amparos serían a partir de que entrara en vigor. Se cuenta con 30 días para interponer amparos en contra de leyes. Meteríamos amparos en contra de la ley que por su sola entrada en vigor causa afectaciones a la población", dijo.

Para la abogada, este tipo de leyes "tienen un gran efecto inhibitorio" porque generan miedo entre la población a manifestarse "ante la posibilidad de que se les aplique la fuerza así".

La representante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social reclamó que la discusión de la ley en el Congreso mexiquense se diera en silencio, sin darlo a conocer a las organizaciones civiles y sin tomar en cuenta su punto de vista.

Consideró que estas leyes pueden ser útiles siempre y cuando se piensen para garantizar los derechos humanos, pero no para restringirlos.

"La ley viola la Constitución y los tratados internacionales. Abre una posibilidad a que se use y se interprete por parte de los mismos elementos de seguridad cuándo se va a hacer uso de la fuerza. El artículo 40 de la ley dice que es el último recurso, pero que también puede ser el primero. La Ley establece que se podrá hacer uso de la fuerza para establecer el orden y la paz social, no se pueden usar esos conceptos como orden y paz social, porque son demasiado amplios y se dejan a la libre interpretación", dijo.

Sobre el punto de la ley que especifica que se podrá hacer uso de la fuerza en manifestaciones que se vuelvan violentas dijo que se corre el riego de que se clasifique una protesta por actos aislados.

"Si se cometen en específico hechos violentos o algún delito se debe actuar frente a esos hechos respetando los derechos humanos. No se puede considerar que por un hecho toda la manifestación es violenta y se permitan operativos que terminen lesionando derechos de las personas de la manifestación o de quien esté cerca", dijo.

Para la abogada la ley va a permitir que en las manifestaciones se haga un uso arbitrario de la fuerza y que no haya mecanismos claros de rendición de cuentas.

"La ley establece que se hará una investigación interna cuando haya un abuso de la fuerza, por lo que deja en estado de impunidad cualquier violación", dijo.

PRD y Morena también buscan frenar la ley

En una conferencia de prensa, el 24 de mayo pasado el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, reconoció que aunque los legisladores perredistas en el Estado de México votaron a favor de la ley pero "dentro de nuestro Comité Ejecutivo Nacional hubo quienes, creo que con razón, en mi opinión, con razón, cuestionaron esa decisión".

Basave dijo que se tomó la decisión de presentar una controversia constitucional a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque consideran que algunos artículos de la ley aprobada son anticonstitucionales.

"Por ejemplo, en el artículo octavo, eran realmente anticonstitucionales y entonces pues la mejor manera de dirimir esto es preguntar, hacer una controversia constitucional y la tenemos que hacer a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos", dijo.

Los únicos legisladores locales que votar contra la ley fueron los de Morena, por considerar que viola los derechos humanos y criminaliza las protestas sociales.

Para frenar la ley el partido promoverá que la CNDH presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare su inconstitucionalidad y así no se permita su aplicación.

Movilizaciones contra la ley

Ayer pueblos y comunidades organizados del Estado de México se pronunciaron contra la nueva ley, pidieron a la CNDH interponer una acción de inconstitucionalidad y anunciaron que protestarán para frenar su entrada en vigor.