Espera Monterrey los 7.5 millones en dos semanas

El alcalde Adrián de la Garza espera que en este lapso el despacho del abogado Roberto Martínez otorgue al Ayuntamiento el dinero para reincidir el contrato.

Monterrey

En un plazo aproximado a las dos semanas, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, espera que el despacho del abogado Roberto Martínez otorgue al Ayuntamiento los 7.5 millones de pesos para reincidir el contrato.

El acuerdo en el que la ex alcaldesa, Margarita Arellanes, entregó dicho recurso para la defensa legal de ex servidores públicos en caso de que fuesen demandados por acciones irregulares durante su gestión.

Comentó que desde la primera diligencia, representantes del despacho manifestaron su voluntad de regresar el dinero, aunque aún no lo hacen.

"Hay intención por parte del titular del despacho por rescindir el contrato. (...) Obviamente que (el dinero) debe de ser directamente (entregado) aquí a la administración y nosotros informaríamos que se ha resarcido, para efecto de que a la hora de sentencia, si así fuera el caso y se condenara al pago de daños, estaría resarcido.

"Ya tienen algunas semanas con ese tema, yo estimaría que fuera pronto, a lo mejor un par de semanas, depende que nos pongamos de acuerdo en cuanto a los puntos de resarcir del contrato porque queremos ser muy cuidadosos de que no se entienda como un perdón o un desistimiento", expresó.

Declaró que con esto no se trata de un perdón o un desistimiento por parte de la administración municipal, sino solamente buscar que ese dinero regrese a las arcas municipales, independientemente de las sanciones penales que puedan surgir.

Expresó que este caso está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y el municipio colaborará en lo que sea necesario.

Desde hace varios meses el municipio de Monterrey presentó las dos primeras denuncias penales por desvío de recursos en contra de la administración anterior, encabezada por Margarita Arellanes.

Las denuncias fueron entregadas ante personal de la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción de la Procuraduría de Justicia del Estado, ubicada en el centro de Monterrey.

De estas, una fue por el pago por 7.5 millones de pesos al abogado Roberto Martínez Rodríguez, para un contrato de prestación de servicios profesionales, una vez terminada la administración.

Además para entablar la defensa legal de varios ex funcionarios y ex regidores y hasta de la propia ex alcaldesa si se presentaran denuncias en contra de ellos, y otra por desvío de 10.3 millones de pesos destinados para obra pública y con los que en su lugar se pagó el Impuesto Sobre la Renta.

AVF