Encierran a la esposa de Abarca en El Rincón

María de los Ángeles Pineda Villa, mujer del ex alcalde de Iguala, fue consignada por la PGR al penal en Nayarit, pero no por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La PGR señaló a la ex titular del DIF municipal de tener nexos con el grupo criminal 'Guerreros Unidos'.
La PGR señaló a la ex titular del DIF municipal de tener nexos con el grupo criminal 'Guerreros Unidos'. (Especial)

México

María de los Ángeles Pineda Villa fue acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) de tener presuntos nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y con la escisión de dicho grupo delictivo, Guerrero Unidos, el cual la favorecía con dinero.

La esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez fue consignada al penal El Rincón, en Tepic, Nayarit, solo por lo que hace a los supuestos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de permanecer 60 días arraigada.

Sin embargo, el matrimonio no ha sido acusado de manera formal en tribunales federales por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre pasado; la PGR ha señalado en diversas ocasiones que tiene pruebas en el sentido de que la pareja ordenó el secuestro de los estudiantes.

A quienes sí acusaron por tal hecho fue a 10 policías municipales de Iguala detenidos el pasado 29 de diciembre y que hoy se encuentran encarcelados en El Rincón, donde enfrentan un proceso penal.

Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, informó que el juez tercero de distrito de procesos penales federales con residencia en Toluca, Estado de México, libró la orden de aprehensión contra María de los Ángeles. El mandamiento judicial se cumplimentó el domingo pasado.

El funcionario federal dijo que Pineda Villa fue acusada por el agente del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) solo por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, funcionarios federales señalaron que la PGR está perfeccionando el expediente para acusar a la pareja por la desaparición de los estudiantes y recordaron que Abarca solo está preso por el homicidio del perredista Arturo Hernández Cardona, perpetrado en 2013.

Los funcionarios consultados aseguraron que tienen plenamente acreditado que la ex presidenta del DIF tuvo relación con el cártel de los Beltrán Leyva, organización para la cual también trabajaban sus hermanos Mario Pineda, El MP, y Alberto Pineda, El Borrado. Ambos fueron asesinados por órdenes del hoy extinto capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

Detallaron que la relación de María de los Ángeles con integrantes de esa agrupación prosiguió cuando estos se escindieron para formar la organización criminal Guerreros Unidos, la cual le entregaba dinero por su colaboración.

Parte de los recursos que obtuvo, abundaron, los invirtió con su marido en diversos negocios que instalaron en la ciudad de Iguala, así como en la compra de inmuebles en otros estados.

El 22 de octubre de 2014, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que Abarca y su esposa ordenaron el ataque contra los 43 normalistas, con el propósito de que no "sabotearan" el informe de labores de la mujer.

Consignan a 10 policías

Durante la rueda de prensa, Tomás Zerón también se refirió al caso de los 10 policías municipales de Iguala detenidos en Guerrero el pasado 29 de diciembre por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y la Gendarmería Nacional, quienes están vinculados con la desaparición de los 43 normalistas.

Indicó que la Seido determinó consignar por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y secuestro de los estudiantes a Matías González Domínguez, Justo Neri Espinosa, Esteban Ocampo Landa, Jorge García Castillo, Gerardo Delgado Mota, José Alfredo Leonardo Arellano Landa, Ubaldo Toral Vences, Natividad Elías Moreno, Jesús Ricardo Barrios Villalobos y Agustín Cuevas Bello.

"El 3 de enero se ejerció acción penal contra todos ellos por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, el mismo día el juez del conocimiento determinó como legal su detención y los sujetó a proceso (penal)", expresó Zerón.