Edomex reprobado en acceso a la información

De acuerdo con el reporte de las organizaciones "Artículo 19" y "México Infórmate" -que alude a la falta de acceso a internet y varias prácticas obstructivas.
Así lo anunció Enrique Vargas, vocero de la campaña.
Enrique Vargas (Tania Contreras)

Toluca

De acuerdo con el reporte de las organizaciones "Artículo 19" y "México Infórmate" -que alude a la falta de acceso a internet y varias prácticas obstructivas para manejar las solicitudes de información-, una de las entidades peor evaluadas es el Estado de México, por ello el diputado del PAN, Enrique Vargas del Villar, propuso que los integrantes del órgano de transparencia sean sujetos a juicio político.

Recordó que datos del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la información revelan que 26 organismos estatales de transparencia tienen calificaciones por debajo del 60%, lo que significa que no garantizan adecuadamente ejercer el derecho de acceso a la información.

El legislador indicó que la transparencia es la cultura que deben asumir los servidores públicos que encarnan funciones públicas, a efecto de permitir que la ciudadanía conozca acerca del funcionamiento y actividades de los órganos públicos, sin mayores restricciones que la seguridad del estado, la continuidad de las instituciones públicas, la paz, el orden público y la salud pública, protegiendo datos personales.

Sostuvo que de acuerdo con las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate, luego de solicitar información por siete meses, la cual fue analizada durante un año, el promedio de calificación es de 53.6%.

Es así que el estado que obtuvo un peor resultado en la evaluación fue San Luis Potosí, que alcanzó una calificación de 20.1%, debido a la falta de acceso a internet y varias prácticas obstructivas para manejar las solicitudes de información.

Le siguen el Estado de México, con 39.2%; Baja California Sur y Sinaloa, con 46%; y Nayarit y Guanajuato con 46.6%.

Recordó que recientemente el Congreso de la Unión aprobó una reforma que replantea los mecanismos federal y locales en la materia, estableciendo que los órganos de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales deberán contar con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de sustituciones escalonadas de los integrantes de dichos órganos para dar continuidad a la institución que garantizará tan importantes derechos.

"La reciente reforma federal dotó al órgano garante de la Federación de la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales".

Adicionalmente a ello, con el fin de evitar acciones evasivas que redunden en la negación al derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y del cumplimiento de la obligación de transparencia de los servidores públicos, se pretende establecer que los miembros del órgano garante podrían ser sujetos de juicio político.