Dueños de Maia piden tiempo para demostrar inocencia

El juez de control regional aprobó dicha petición y programó para el próximo sábado la reanudación de la audiencia de vinculación a proceso.

Monterrey

Los propietarios de Maia Eventos, empresa organizadora de bodas con la que defraudaron a 72 parejas, pidieron tiempo para tratar de demostrar su inocencia antes de que un juez de control los vincule a proceso.

María Verónica González Garza y su esposo Javier Chávez Gutiérrez pidieron el plazo durante la audiencia de vinculación a proceso que se celebró el lunes en la noche, cuando llegaron procedentes del estado de Veracruz, donde fueron detenidos en cumplimiento a la orden de aprehensión que les giró un juez de control regional.

En la diligencia que se celebró en la sala de audiencias del municipio de Guadalupe, González Garza y su esposo fueron notificados de las 17 denuncias que enfrentan en el nuevo sistema acusatorio, en las que le reclaman un total de un millón 500 mil pesos.

Después de conocer los detalles de las acusaciones que les hicieron en julio del año pasado, antes de concluir la diligencia y por recomendación de sus abogados, los presuntos defraudadores pidieron tiempo para reunir evidencias a su favor.

Por lo que el juez de control regional que conoció el caso, aprobó dicha petición y programó para el próximo sábado la reanudación de la audiencia de vinculación a proceso.

Al mismo tiempo y a petición de la Procuraduría de Justicia, el juzgador ordenó que los acusados deben cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que fueron trasladados a las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe.

Mientras tanto, un agente del Ministerio Público del sistema tradicional continúa integrando las 55 averiguaciones previas por las denuncias que presentaron afectados de esos mismos hechos y en las que reclaman un total de 8 millones de pesos.

Ese medio centenar de casos se investigan en dicho sistema, porque de acuerdo a los denunciantes, los fraudes de los que fueron víctimas ocurrieron antes de que el delito pasara al catálogo de ilícitos contemplados en el nuevo sistema acusatorio.