Divide consulta popular a la Corte

Los ministros dijeron que debe verificarse la legitimidad de las firmas ciudadanas.
Los ministros Luis María Aguilar, Fernando Franco, José Ramón Cossío y Jorge Pardo.
Los ministros Luis María Aguilar, Fernando Franco, José Ramón Cossío y Jorge Pardo. (Juan Carlos Bautista)

México

El tema de la consulta popular dividió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras comenzar el análisis del trámite que debe darse a la solicitud que formuló un grupo de senadores del PRD en su calidad de ciudadanos, quienes buscan echar atrás la reforma constitucional en materia energética aprobada en 2013.

Tres de los 11 ministros consideraron que la Corte debe solicitar al Senado que envíe al Instituto Federal Electoral (IFE) la paquetería que contiene un millón 762 mil 42 firmas que se recabaron el año pasado y con las que se pretende llevar a cabo una consulta popular sobre el tema energético.

Los ministros comentaron que debe comprobarse la legitimidad de las firmas de las personas que dicen ser; también se debe corroborar si esas signaturas representan 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

De cumplirse esas exigencias, agregaron, el caso puede ser analizado por la Corte, pues los demandantes no pudieron actuar por omisiones legislativas, ya que no existía una ley secundaria sobre el tema, pues ésta acaba de ser aprobada.

Sin embargo, cuatro ministros consideraron que los legisladores se adelantaron al pedir a la Corte se pronuncie sobre el caso, ya que nunca esperaron a que el Congreso de la Unión emitiera una posición sobre el tema, además de que el Alto Tribunal no se puede convertir en el órgano rector de una consulta.

El 4 de diciembre de 2013, Manuel Camacho Solís, Mario Delgado y Alejandro Encinas presentaron una solicitud a la Corte para que fije su posición sobre la consulta popular.

Los legisladores explicaron que si bien es cierto que la Constitución fue reformada en 2012 y se creó dicha figura para someter a consideración los temas trascendentes del país, fue hasta el 14 de marzo del presente año que se aprobó la ley secundaria que regula la consulta.

El ministro ponente Alberto Gelacio Pérez Dayán propuso desechar la solicitud de los perredistas, bajo el argumento de que los legisladores carecen de legitimidad jurídica y que su petición fue hecha antes de que se emitiera la ley secundaria.

Asimismo, que la petición nunca fue realizada por el presidente de la mesa directiva del Senado o de la Cámara de Diputados, quienes deben contar con 33 por ciento del apoyo de los legisladores.

Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz dijo que los senadores se presentaron como ciudadanos a formular la petición, aunque hayan firmado como legisladores, pues lo mismo son padres de familia y contribuyentes; su cargo, abundó, sólo habla de la actividad a que se dedican.

Cossío manifestó que una de las características del Estado moderno, y que la Suprema Corte asumió, es la aplicación directa de la Constitución.

“De forma tal que si después de agosto de 2013, el Congreso de la Unión no había emitido una ley reglamentaria de esta misma fracción octava del artículo 35, creo que esa omisión legislativa no puede correr en perjuicio de los ciudadanos que están solicitando una consulta a trámite”, expresó.

Su posición fue apoyada por los ministros Olga Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes también advirtieron la existencia de una omisión legislativa que dejó en estado de indefensión a los ciudadanos.

Ortiz Mena subrayó que la Corte sí tiene facultades para revisar el tema; igualmente puntualizó que el pleno del Alto Tribunal, ha establecido que la asignación de competencias a los poderes, no debe interpretarse como una división funcional que opere de manera rígida, sino de manera flexible, y que el reparto de funciones encomendadas a cada uno los poderes no constituyen una separación absoluta y determinante.

El próximo jueves, cuatro ministros se pronunciarán si es procedente o no darle trámite a la petición de los legisladores.