Diputados volverían a ser jefes del auditor

Con esto se le quita atribuciones y se las da a los diputados, también establecen causales de pérdida de confianza al titular de la ASEJ.
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco podrá ser auditada cada año, según los planteamientos.
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco podrá ser auditada cada año, según los planteamientos. (Carlos Zepeda)

Guadalajara

Los diputados locales podrían volver a ser jefes del auditor superior. En la reforma integral en materia de fiscalización, presentada ayer por el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel Alatorre Franco, se devuelven a los legisladores las atribuciones en la revisión de cuentas públicas, se señalan causales de pérdida de confianza en el auditor, y se determinan controles sobre el manejo que tenga de los recursos y patrimonio de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

La propuesta, aseguró Alatorre Franco, retoma la iniciativa que había presentado la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, en la cual se habían incluido los planteamientos de la plataforma ciudadana Haz tu ley.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado señaló que la reforma que se aprobó en 2009, para dar autonomía a la Auditoría Superior, fue un exceso. Por ello, se devolverá a los diputados la atribución de modificar los informes finales de las cuentas públicas y se darán más atribuciones a la Comisión de Vigilancia, ante la cual se podrán interponer recursos de revisión.

También se determinará la obligación de auditar cada año a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ya que con la actual ley sólo puede ser a petición del Pleno del Congreso del Estado. Las decisiones sobre el manejo del patrimonio del órgano de fiscalización, así como su reglamento interno, tendrán que salir de Congreso del Estado.

El legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que el procedimiento que se marca en la iniciativa reducirá de nueve a seis meses la revisión de la cuenta pública. Se plantea que, una vez que un dictamen de cuenta pública llegue al Pleno, deberá ser votado al menos en dos sesiones posteriores, además que ya no podrá devolverse a la Auditoría Superior.

Para evitar el manejo político de las cuentas públicas, dijo que no podrá ser presidente de la Comisión de Vigilancia ningún diputado de la fracción mayoritaria ni quien haya sido titular de un órgano gubernamental, antes de llegar al Congreso, o tenga cuentas públicas pendientes. Esta propuesta, aseguró, es de MC, partido que tendrá la mayoría en la próxima Legislatura.

Como un mecanismo contra la corrupción, se creará la figura de auditorías especiales, que podrán ser de más de un ejercicio fiscal y cuyos resultados serán vinculatorios. También se señala expresamente la obligación de transparencia.

En cuanto al cobro de créditos fiscales, se menciona quiénes son los funcionarios responsables de las cuentas públicas y el procedimiento para que devuelvan los recursos. Será responsable solidario quien debe cobrar el cargo y no lo hace. Además, se establece un delito sobre este punto en el Código Penal, que podría ameritar de uno a ocho años de prisión.

El paquete de reformas plantea cambios a la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Código Penal, además de crear una nueva Ley de Fiscalización.

:CLAVES

LAS REFORMAS

Se devuelve al Congreso del Estado la atribución en materia de fiscalización y para fincar cargos.

El Congreso del Estado podrá modificar los informes finales de las cuentas públicas.

Se establecen seis causales nuevas sobre la pérdida de confianza hacia el auditor superior.

Las decisiones sobre el patrimonio de la Auditoría las tomará el Congreso del Estado.

No podrán ser presidentes de la Comisión de Vigilancia los diputados que formen parte de la bancada mayoritaria.

No podrán ser presidentes de la Comisión de Vigilancia los diputados que en su cargo inmediato anterior hayan sido titulares de algún ente gubernamental ni tengan cuentas públicas pendientes.

Se dan nuevas atribuciones a la Comisión de Vigilancia en materia de reformas sobre fiscalización.

Es obligatoria la evaluación de desempeño de la gestión pública.

Se establecen mecanismos para ejecutar créditos fiscales.

Se integran en una sola cuenta del Gobierno del Estado, con los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos.

Los responsables del cobro de los créditos fiscales serán también responsables solidarios en caso de que no cumplan con esa tarea.

Se reducen plazos para el procedimiento de fiscalización, de nueve a seis meses.

No se podrán devolver las cuentas públicas a la Auditoría Superior.

Cuando una cuenta pública se remita al Pleno, tendrá que ser votada cuando muy tarde dos sesiones después.

Se crean las auditorías especiales, como herramienta ciudadana contra la corrupción.

Se tipifica un delito relacionado con los créditos fiscales.