Diputados habrían avalado conscientes un posible fraude

Esto se desprende de una carta enviada al Congreso del Estado por quienes fueron secretarios en la LIX Legislatura, Carlos Corona y José Manuel Correa.
Dado a que podría tratarse de un intento de fraude, se debería denunciar penalmente, indicaron los ex legisladores; ayer sesionó comisión.
Dado a que podría tratarse de un intento de fraude, se debería denunciar penalmente, indicaron los ex legisladores; ayer sesionó comisión. (Cortesía)

Guadalajara

Los diputados de la LIX Legislatura, que firmaron el convenio admitiendo el adeudo de 58 millones de pesos con la empresa Consultora López Castro, ya sabían que no había prestado un servicio al Congreso del Estado, según se desprende de una carta que enviaron los ex secretarios Carlos Corona Martín del Campo y José Manuel Correa Ceseña. Esta situación confirma que hubo un intento de fraude, y que debe darse seguimiento a la denuncia penal que se presentó, la cual incluye a los ex diputados que firmaron el convenio, de los cuales tres son actualmente presidentes de partidos políticos en el estado, dijo el titular de la comisión especial que se creó para dar seguimiento a este caso, el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco.

Carlos Corona y José Manuel Correa fueron citados para que comparecieran ante esta comisión y explicaran por qué durante la LIX Legislatura que firmó el convenio aceptando el adeudo con López Castro, así como las razones para contratar a las empresas Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos Empresariales (SAE). Los ex funcionarios no se presentaron y enviaron su respuesta por escrito.

El texto fue leído ayer en la sesión de la comisión especial, en la que también se acordó citar a comparecer al fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez, para que informe sobre los avances de las denuncias penales que se han presentado en torno a la contratación de estas tres empresas.

En el escrito que enviaron a los diputados, Carlos Corona y Correa Ceseña aseguran que la empresa Ola Outsourcing fue contratada para hacer auditorías a la nómina de los ejercicios 2006 a 2011. Esta debía incluir el personal contratado, los salarios, documentos de respaldo de la nómina, retenciones, entre otros puntos.

Como consecuencia de ese trabajo, aseguraron, se entregaron “más de 20 libros empastados que contienen la información pormenorizada de cada uno de los trabajadores”. De estos documentos, aseguran, se pudo concluir que “los supuestos saldos a favor” del Congreso del Estado “provenientes de ejercicios fiscales anteriores, y que el despacho López Castro había compensado y afectado en la contabilidad institucional, en realidad eran inexistentes”.

Posteriormente, agregan, se contrató a la empresa SAE “con el propósito de realizar un estudio de caso para determinar la estrategia legal-contable a seguir” para que el Congreso pudiera adherirse a decreto federal sobre beneficios fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta.

Aseguran que a esa fecha el Congreso del Estado tenía un adeudo de 343.7 millones de pesos y le quedó un saldo de 77.3 millones, porque se logró una condonación de 266.4 millones de pesos.

Por ello, aseguran que cada uno de los casos es “completamente diferente entre sí. No existe punto de referencia entre ellos, los objetivos para los que fueron contratados y los resultados obtenidos a favor de la institución son diametralmente opuestos, por lo que ha sido muy desafortunado que se les haya dado de su parte el mismo tratamiento”.

:CLAVES

LA HISTORIA

La LVIII Legislatura contrató a la empresa López Castro para que recuperara impuestos pagados en exceso. La empresa reclamó el pago de 42 millones de pesos por sus servicios.

La LIX Legislatura admitió un adeudo con la empresa de 58 millones de pesos. Está firmado por los ex diputados Omar Hernández y Patricia Retamoza, del PRI; Isaías Cortés y Gustavo Macías, del PAN; el perredista Raúl Vargas y Enrique Aubry, del Partido Verde.

La LIX Legislatura contrató a la empresa Ola Outsourcing, a la que pagaron más de 21 millones de pesos.

La LIX Legislatura contrató a la empresa SAE, a la que pagó más de 31 millones de pesos.

La empresa López Castro ganó el juicio al Congreso del Estado, pero luego se desistió de cobrar los 58 millones de pesos.

La LIX Legislatura integró una comisión especial para que investigue la contratación de las tres empresas.