Detenidos durante protestas acusan agresiones y torturas de policías

Afirman que en las instalaciones de la Seido les condicionaron sus derechos. Los jóvenes advierten que, “pese a los riesgos”, participarán en las manifestaciones de hoy.
Aseguraron que las autoridades buscan intimidar a la población.
Aseguraron que las autoridades buscan intimidar a la población. (Mónica González)

México

Al obtener su libertad, siete de los 11 detenidos el 20 de noviembre en el Zócalo denunciaron agresiones por parte de granaderos del Distrito Federal y policías federales durante su aprehensión.

También, afirmaron que fueron torturados física y psicológicamente; sin embargo, advirtieron que "pese a los riesgos" participarán este lunes en las marchas, porque "no los silenciarán".

Denunciaron que tras ser detenidos no se les permitió hacer una llamada telefónica en las oficinas de la Seido si no aceptaban practicarse análisis de sangre y orina, dejarse tomar fotografías y declarar.

Los abogados encargados de la defensa de los jóvenes indicaron que aún no deciden si presentarán denuncia penal contra los servidores que los detuvieron y acusaron, porque será "una decisión personal".

En conferencia realizada ayer en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la mayoría de los jóvenes manifestó que participarán hoy en la manifestación por el 1 de diciembre.

Insistieron que el operativo implementado por las autoridades el 20 de noviembre, así como su detención, es una estrategia para intimidar a la población de no participar en las movilizaciones.

Luis Carlos Pichardo Moreno, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Isaac Ramón Domínguez, Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega y Tania Ivonne Damián Rojas aseguraron que en ningún momento se les informó el motivo de su detención y que fueron policías del DF quienes los entregaron a los federales.

Todos refirieron haber sido golpeados al momento de ser detenidos y después al ser trasladados al aeropuerto el sábado 22.

Relataron que tras su arresto sintieron miedo e incluso pensaron que podrían ser desaparecidos y ya en los penales haber sido tratados como narcotraficantes.

A nombre de los siete presentes en la conferencia, Tania Ivonne Damián Rojas dio lectura a una petición a las autoridades federales y capitalinas, a quienes demandó asegurar la integridad de ellos y de sus familiares.

Los abogados encargados de la defensa, Luis Alberto Muñoz y Mariana Gil, de la Oficina para los Derechos de la Infancia, y Alejandro Jiménez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, informaron que el siguiente paso es que decidan si quieren denunciar penalmente a los servidores responsables de su detención.

Al ser cuestionados sobre si asistirán a las protestas de hoy, Atzin Andrade fue el único que manifestó no estar seguro, porque los abogados les han informado de los riesgos que corren. Por eso Mariana Gil propuso que los que asistan se pueden integrar en un contingente de ex detenidos y los acompañaran los abogados, familiares y amigos.

Los abogados informaron que ya solicitaron a la CNDH y a la CDHDF entreguen los certificados médicos que les practicaron a los detenidos, porque en estos se podrá conocer si fueron torturados.

Adelantaron que pedirán exámenes psicológicos aplicado por peritos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Por separado, la abogada Karla Michel Salas, quien defendió a Lawrence Maxwell, informó que al salir del penal se le trasladó a la estación migratoria para la revisión de sus papeles y añadió que el chileno analiza ofrecer una conferencia el martes.

Claves

Cuestionan protocolo

- Los siete jóvenes liberados cuestionaron por qué los policías capitalinos y federales no encapsularon durante las marchas a las personas que estaban encapuchadas.

- Los abogados denunciaron que el defensor de oficio que está en la Seido sirve de facilitador para las autoridades, porque les ayuda a plantear los montajes.

- Aseguraron que la estrategia del gobierno de enviarlos a Nayarit y a Veracruz fue para obstaculizar la labor de los abogados, ya que complicó conformar una defensa para las mujeres que estuvieron en el penal de Tepic.