“Desaparición forzada”, documentan diputados sobre los normalistas

Entregan informe en San Lázaro. El texto tiene relatorías de sus reuniones, como con el gobernador con licencia Ángel Aguirre.
Guillermo Anaya, presidente de la comsión de los legisladores.
Guillermo Anaya, presidente de la comsión de los legisladores. (Claudia Guadarrama/Archivo)

México

Los diputados federales de la comisión especial para el seguimiento de las investigaciones sobre los hechos de violencia y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, documentaron irregularidades, "graves omisiones" y "múltiples contradicciones" de las autoridades locales encargadas de las primeras averiguaciones del caso.

Entre los "resultados preliminares" de sus diligencias, los legisladores sostuvieron que los estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada y "es posible presumir que fueron igualmente víctimas de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de ejecuciones extrajudiciales en algunos casos".

El documento de 42 cuartillas entregado ayer a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados incluye relatorías de sus reuniones de trabajo, como el encuentro con el gobernador guerrerense con licencia, Ángel Aguirre, que entre sus dichos aseguró que "existe una infiltración de grupos delictivos en las normales rurales de la entidad y del crimen organizado en algunas policías municipales".

Enumera asimismo entre las irregularidades y omisiones registradas por la CNDH el incumplimiento de los protocolos de búsqueda y localización de los 43 jóvenes desparecidos durante las primeras 72 horas, además de la falta de preservación de la escena y las evidencias de los delitos, como el hecho de que los cuerpos hallados en las fosas clandestinas se dejaron "a flor de tierra".

Contradicciones

La comisión encabezada por el legislador panista Guillermo Anaya enlistó asimismo las "múltiples contradicciones" de las autoridades locales respecto al número de víctimas, las circunstancias de las detenciones arbitrarias e ilegales, así como de las probables ejecuciones extrajudiciales.

Hubo también versiones encontradas sobre la hora en que la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero supo de los hechos y las razones para no intervenir oportunamente, con argumentos que van desde la afirmación que el ex alcalde José Luis Abarca no respondió a las llamadas telefónicas o que la policía estatal no tenía suficientes en la Región Norte para tomar cartas en el asunto.

A propuesta de la legisladora petista Lilia Aguilar, la comisión especial incluyó un listado de tareas pendientes, entre las que destacan reuniones de trabajo con estudiantes sobrevivientes y familiares de las víctimas, con autoridades de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con los secretarios de Gobernación y de Defensa Nacional, así como con los titulares de la PGR y del Cisen.

El grupo de trabajo retiró de su informe preliminar una serie de conclusiones sobre la violación a los derechos humanos de los normalistas y sus familiares, por considerar que hace falta todavía un encuentro con las víctimas para tener todos los elementos del caso.

La Junta de Coordinación Política enlistó en el orden del día de la sesión de este martes el debate sobre la violación a los derechos humanos en los casos Iguala y Tlatlaya, con base en los informes preliminares de las respectivas comisiones especiales.