Desairan diputados peticiones de indígenas

De los 11 legisladores que integran la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, solamente dos acudieron a la mesa de trabajo donde integrantes de etnias solicitaban protección a sus derechos.

Monterrey

Sólo dos de los 11 diputados que conforman la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos atendieron el llamado a la mesa de trabajo donde grupos indígenas y delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, acudieron al Congreso Local a solicitar modificaciones a las leyes actuales, a fin de proteger los derechos de las etnias.

Poco importó que hace apenas unas semanas el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación citó a Monterrey como la ciudad con mayor discriminación a nivel nacional en temas de cultura, raza y preferencias sexuales.

Tampoco importó la presencia de Imerai Betanzos Ordaz, directora de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Nuevo León, o del delegado en San Luis Potosí de esta dependencia federal, Rogelio Azuara Echavarría.

Salvo el diputado José Juan Guajardo, presidente de la Comisión, quien estuvo ausente por enfermedad, y el diputado César Alberto Cerna, quien se retiró después de iniciada la mesa de trabajo, los restantes siete legisladores, en su mayoría del PAN y del PRI, simplemente no acudieron a la reunión.

Juan Antonio Rodríguez González y Juan Manuel Cavazos, del PRI; Celina del Carmen, Blanca Lilia Sandoval, Carolina Garza y Luis Ángel Benavides, del PAN; así como la diputada de Nueva Alianza y presidenta del Congreso, María Dolores Leal Cantú, dieron muestra de porque Nuevo León se sitúa en los estados con mayor discriminación contra los indígenas a nivel nacional, al mostrar desinterés por atender el llamado.

Los delegados y funcionarios estatales y nacionales que acudieron se vieron en la necesidad de explicar sus propuestas solamente a un diputado del PRI y uno del PAN, Gustavo Caballero Camargo y José Luz Garza, respectivamente, los únicos presentes en la reunión.

Betanzos Ordaz explicó que aunque en Nuevo León se han hecho esfuerzos y existe una legislación vigente para proteger a los grupos indígenas, el problema continua siendo en la impartición de justicia, por lo que solicitaron reformas que garanticen un trato igualitario y traductores para los miembros de las etnias que enfrenten un proceso judicial.

Por su parte Azuara Echavarría informó que en Nuevo León existen entre 80 y 100 mil indígenas de más de 40 etnias de las identificadas con presencia a nivel nacional.