Denuncian a alcaldes de Monterrey y SC por pagos a particulares

Los legisladores del PRI Édgar Romo, Francisco Cienfuegos y José Juan Guajardo, realizaron la denuncia penal por ejercicio indebido de funciones, buscando una indemnización por invasión de terrenos.

Monterrey

Diputados locales del PRI denunciaron penalmente a los alcaldes de Santa Catarina, Víctor Pérez, y de Monterrey, Margarita Arellanes, por ejercicio indebido de funciones tras supuestamente presentar omisiones que derivaron en pagos millonarios a particulares por invasión de terrenos en pasadas administraciones.

El líder de la bancada del PRI, Édgar Romo, acompañado de los diputados Francisco Cienfuegos, Gustavo Caballero y José Juan Guajardo, acudieron al centro de orientación y denuncia (CODEI) a presentar la acusación de hechos en la cual se pide la comparecencia de los alcaldes de extracción panista.

Se trata de los casos de invasión de terrenos realizados en administraciones anteriores, que datan de hace 10 años en ambos casos, y que en la actual administración jueces federales ordenaron el pago con intereses a favor de los particulares afectados.

En el caso de Monterrey, al final se definió un pago por 62.5 millones de pesos pese a que el valor inicial del terreno era de 7 millones o menos, y los intereses de 24 millones de pesos

Incluso esta fue una de las razones que originó la denuncia, ya que según explicó el líder priista, el municipio no acudió a varias comparecencias relacionadas con este caso provocando que el juez fallara a favor del particular.

Romo García señaló que existe un acta del año 2002, en el cual el particular aceptaba la indemnización del terreno sin intereses y con un costo mucho menor al actual.

Y es que también, según explicó el coordinador priista, el municipio aceptó el pago sin contar con un valuador, por lo que todas estas circunstancias encajarían en el delito de ejercicio indebido de funciones al provocar un desfalco al municipio por hasta 52 millones de pesos

Según el Código Penal del Estado, este delito podría derivar en cárcel de entre 2 y 12 años para los responsables, multas económicas e incluso la inhabilitación del servicio público de hasta por 20 años.

Édgar Romo adelantó que el departamento jurídico del Grupo legislativo del PRI analiza también mediante el Congreso exigir que los funcionarios involucrados paguen los recursos erogados.