Declaración de cinco agentes, base para acusar a activistas

En la indagatoria no se relaciona a las personas aprehendidas con grupos de 'anarcos', pero se detalla que “jalaron” a un uniformado, mientras incitaban a otros a causarle daño
Familiares de los jóvenes estudiantes para exigir su liberación.
Familiares de los jóvenes estudiantes para exigir su liberación. (Jorge Carballo)

México

La Procuraduría General de la República (PGR) sustentó sus acusaciones contra los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre en las declaraciones de cinco policías federales, quienes aseguraron que las capturas que realizaron en el Zócalo capitalino fueron en flagrancia.

Asimismo, utilizó como referencia un informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR sobre la existencia de grupos anarquistas en México, pero no vinculó a los detenidos con esas organizaciones.

También se basó en un informe de la División de Inteligencia de la Policía Federal sobre investigaciones realizadas a una persona responsable de acciones anárquicas y violentas, a quien tampoco se relacionó de manera alguna con los detenidos.

De igual forma consideró prueba de la "asociación delictuosa" el hecho de que los detenidos, al hablar entre sí, se decían compa y compañeros.

Lo anterior forma parte de la causa penal 45/2014 que la PGR consignó ante el juez 17 de distrito de procesos penales federales con residencia en Xalapa, Veracruz, y que dio a conocer el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el cual, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, encabeza la defensa de los jóvenes.

En la causa penal, indicaron, se detalla que uno de los detenidos "jaló" a un policía, golpeándolo, mientras incitaba a otros a causarle daño.

Los abogados mencionaron que los policías federales afirmaron haber escuchado que la persona que jaló al policía gritó: "Vamos a matar a ese pinche perro".

"La tentativa de homicidio —razona la autoridad— también se configura dado que toda persona sabe que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte", apuntaron.

La participación de los jóvenes se basa sólo en la declaración de los cinco policías y el hecho de que varias de las 11 personas confesaron haber estado en la marcha. Tres se reservaron su derecho a declarar.

Se concluye, agregaron, que los jóvenes lo hicieron con la intención de quitarle la vida al policía, esto con base en lo expuesto por el Ministerio Público federal, quien señaló que dichas personas gritaban consignas como "¡Muera Peña!", "¡Muera el PRI!" y "¡Mueran las instituciones!".

La consignación de las 11 personas detenidas por tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa se sustenta en escasa y endeble evidencia, enfatizaron.

Los representantes legales de los jóvenes se encuentran en Veracruz y Tepic, donde se les brinda asistencia y esperan obtener una resolución favorable el próximo sábado, cuando venza el plazo para definir su situación jurídica. Buscarán que se les retire el delito de tentativa de homicidio para que alcancen la libertad bajo caución.

Puntualizaron que la evidencia presentada por la Procuraduría General de la República es escasa; lo anterior, porque al momento de la consignación, las presuntas lesiones al policía agredido no fueron certificadas y no existen rastros de los petardos, piedras y palos utilizados, pues al intentar recuperar esta evidencia la plancha del Zócalo ya había sido limpiada.

A esto se suma a que ninguno de los detenidos se le encontró rastros de explosivo o de haber causado detonación alguna.

"La preocupación con relación a la pobreza y escasez de evidencia utilizada para privar de la libertad a estas 11 personas aumenta a la luz del contexto en el cual se desarrollan las detenciones", manifestaron representantes de las organizaciones.

Destacaron que diversos testimonios refieren a acciones generalizadas de detención arbitraria la noche del pasado 20 de noviembre.

"En este contexto, genera particular preocupación que los detenidos fueron negados del libre acceso a una defensa en las primeras y vitales horas de su aprehensión. No ha sido, sino hasta después de haber sido consignados y trasladados a un penal de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit que las 11 personas detenidas han podido libremente ejercer su derecho a una debida defensa", comentaron.


ALISTAN PUNTO DE ACUERDO

Senadores de PRD y PT ofrecieron a los padres de familia de los 11 detenidos en el Zócalo presentar un punto de acuerdo para exigir su liberación, luego de una reunión con familiares en la que se pidió ayuda y garantizar la seguridad de los jóvenes, internos en penales de alta seguridad.

Los perredistas Alejandro Encinas y Socorro Ceseña, además de la petista Layda Sansores, acordaron garantizar una defensa jurídica profesional para los detenidos y gestionar con autoridades locales y federales, así como de comisiones defensoras de derechos humanos, el regreso inmediato de los jóvenes trasladados a penales de Veracruz y Nayarit.

Tras una reunión de más de dos horas, Encinas djio: "Condenamos la forma irregular y arbitraria en que se han venido instrumentando los procesos legales que buscan primordialmente criminalizar la protesta social. Tenemos que garantizar el derecho de una defensa legal, profesional y que vele por las garantías plenas de las compañeras y compañeros detenidos".
(Nadia Venegas, Omar Brito y Angélica Mercado/México)