Corrigen diputados Ley de Delitos Electorales

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para adicionar cuatro precisiones, una de ellas matiza las sanciones a ministros de culto.
El Ranking 5D es una herramienta para comparar el desempeño de los Diputados.
Cámara de Diputados. (Especial)

Ciudad de México

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde un proyecto para adicionar cuatro precisiones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales promulgada apenas el mes pasado.

El dictamen formará parte del periodo extraordinario de sesiones previsto para esta misma semana.

Dicho ordenamiento prevé la imposición de una multa de cien a quinientos días de salario mínimo a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio o en el ejercicio del culto religioso, “presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.

Los legisladores suprimieron, sin embargo, el término “orientar” el voto como causal de sanción para los ministros religiosos.

Con trece votos a favor y tres en contra, el proyecto establece asimismo entre cincuenta y cien días multa, así como prisión de seis meses a tres años a quien impida, “sin causa legalmente justificada”, la instalación o clausura de una casilla electoral.

Se adicionó además la frase “dentro del ámbito de sus facultades” al artículo que sanciona con cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años al funcionario partidista o candidato que se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato.

El dictamen agrega también el texto “dentro del ámbito de sus funciones” al articulado que establece de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años a quien se abstenga de informar o de información falsa de los recursos remanentes de partidos o agrupaciones políticas que hayan perdido su registro.

La misma sanción se impone a quien, dentro del ámbito de sus funciones, se abstenga de transmitir la propiedad o posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes de dicho financiamiento, una vez que haya perdido el registro de partido o agrupación política.