Corresponde al IEDF investigar a dirigente del PRI: Angélica de la Peña

La presidenta de la comisión de DH del Senado señaló que hasta el momento no hay elementos que permitan suponer la comisión de un delito grave, si acaso el desvío de recursos del erario público.
Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado.
Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado. (Especial)

Ciudad de México

La conducta atribuida al líder del PRI en la ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hechas públicas por una reportera de MVS, no puede ser investigada a menos que se presenten denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del DF, indicó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado Angélica de la Peña.

Comentó que hasta el momento no hay elementos que permitan suponer la comisión de un delito grave, si acaso el desvío de recursos del erario público y correspondería al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) iniciar una investigación sobre ello y deslindar responsabilidades.

Angélica de la Peña señaló que la Ley contra la Trata de Personas vigente no contempla la tentativa del delito, ni los medios comisivos ni los fines que pudieran configurar el delito en el señalado caso; “otro sería el derrotero de esta situación si estuvieran vigentes las reformas que el Senado aprobó recientemente”.

La senadora del PRD detalló que las modificaciones a la legislación en la materia, si hubieran sido ya aprobadas por la Cámara de Diputados y publicadas, según el artículo 10 podrían configurar la tentativa del delito de trata de personas con fines de explotación, lo cual implicaría la imposición de 10 a 25 años de prisión y multas de cinco mil a cincuenta mil días de salario mínimo vigente.

La senadora de la Peña estableció que también basándose en el artículo 32 podría sancionarse, con pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a un mil días multa, la solicitud o contratación a un medio impreso, electrónico, cibernético, o cualquier otro medio de comunicación, un espacio para la publicación de un anuncio que encuadre en cualquier de los supuestos de publicidad ilícita o engañosa con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la Ley contra la Trata de Personas.

Este tipo de conductas, de no presentarse denuncias que deriven en una investigación y posterior sanción, simplemente quedan circunscritos al ámbito de la ética y desacreditan aún más a la política, concluyó la senadora Angélica de la Peña.