Constitucionales, reformas política y de transparencia

Señalan priistas que cumplieron con el compromiso asumido por el partido; perredistasy panistas afirman que faltan los alcances de la consulta popular y la iniciativa ciudadana.
Ricardo Anaya, presidente del Congreso General, hizo la declaratoria.
Ricardo Anaya, presidente del Congreso General, hizo la declaratoria. (Claudia Guadarrama)

México

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la validez constitucional de las reformas en materia política electoral y de transparencia y rendición de cuentas, después de ser ratificadas por 18 legislaturas locales.

Al formular las declaratorias correspondientes, el presidente del Congreso General, Ricardo Anaya, ordenó turnar inmediatamente el decreto al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Los Congresos locales que hasta ayer avalaron la reforma política electoral son los de Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

El decreto modifica 30 artículos de la Constitución a y, entre otros aspectos, suprime al Instituto Federal Electoral y lo sustituye con el nuevo Instituto Nacional de Elecciones como entidad encargado de organizar los comicios federales y locales.

Establece, además, la reelección consecutiva de diputados locales y federales, así como de senadores, y define el rebase de los topes de gastos de campaña como causal de nulidad de las elecciones.

De igual forma crea la Fiscalía General de la República, en sustitución de la PGR, además de fortalecer el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La Comisión Permanente notificó asimismo el aval de los congresos locales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas a la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Entre otros puntos, el decreto concede autonomía constitucional al IFAI y obliga a rendir cuentas las instancias públicas y privadas que reciban y ejerzan recursos públicos: gobiernos federal, estatales y municipales; poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e incluso partidos políticos, sindicatos y particulares.

A nombre del PRI, el senador Raúl Pozos y la diputada Francisca Corrales sostuvieron que con la validez constitucional de la reforma político-electoral se cumple el compromiso asumido por el tricolor en esa materia y que el PAN puso a su vez como condición para entrar a la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma energética.

El senador panista Fernando Herrera y el diputado perredista Silvano Aureoles celebraron a su vez la validación de la reforma, pero sostuvieron que esa legislación está aún inacabada, sobre todo en cuanto a los alcances de las figuras de consulta popular e iniciativa ciudadana.

En tanto, el senador Manuel Camacho Solís aseguró que la reforma fue un tema forzado, lleno de prisas y candados por lo que, dijo, debe arreglarse a través de las leyes secundarias y evitar así que en 2015 no quede agotada.

"Tenemos tres obligaciones, la primera: cuidar las leyes secundarias, para que resulten lo mejor posible, la segunda: hacer una evaluación de estas reformas para ver qué funcionó, y la tercera: revisar los temas de régimen político y cerrazón de instituciones y partidos políticos a la participación ciudadana", indicó Camacho.

"Mejora la economía"

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, señaló que la situación de la economía a nivel mundial va mejorando, además de que se han ido aprendiendo lecciones; sin embargo, el legado de la crisis es aún muy pesado.

El ex secretario de Hacienda resaltó que la economía no podrá tener un mayor producto interno bruto (PIB), ya que cuenta con un crecimiento lento, un alto desempleo, crecientes desigualdades y hay una reducción catastrófica en el fideicomiso de las instituciones gubernamentales a escala mundial.