Aprueban duras sanciones a torturadores

Una pena de tres a doce años de prisión, además del cese para desempeñarse en un puesto de servidor público, fue lo que se determinó como condena a aquellos que cometan el delito.
En las capacitaciones los policías aprenden a controlar la situación y evitar la tortura hacia los detenidos.
Los servidores públicos corren el riesgo de ser cesados de su puesto. (Archivo)

Torreón, Coahuila

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir y sancionar la tortura en el Estado, en la que se establece una pena de tres a doce años de prisión a todo servidor público que cometa el delito.

Además se le impondrá una multa de doscientos a quinientos días y destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otro puesto en el servicio público.

La tortura está catalogada cuando se infrinja intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos a cualquier persona.

Las razones pueden ser por discriminación, obtener información o una confesión, para castigarla por un acto que se sospeche ha cometido o intimidación.

No se considerarán como tortura las penalidades que sean consecuencia de sanciones legales o derivadas de un acto de autoridad.

De igual manera se procesará a quien consienta, permita o tolere su realización, pues tiene el deber de evitarlo y denunciarlo de inmediato.

Entrará en vigor un día después de publicada.