Ciudadanos promueven ley para que #3de3 sea obligatoria

La propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos requiere de 120 mil firmas para que el Congreso de la Unión la discuta como iniciativa ciudadana.

Ciudad de México

Organizaciones de la sociedad civil y un grupo de ciudadanos presentaron una propuesta de iniciativa ciudadana de ley para, entre otras cosas, obligar a todos los servidores públicos a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (3de3).

"Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Pero pedirle a los políticos que resuelvan el problema, es como pedirle a un futbolista que sea el árbitro de su propio partido. La solución tiene que venir de los ciudadanos", se explica en el sitio web de la iniciativa.

La propuesta requiere 120 mil firmas verificadas por el Instituto Nacional Electoral para que sea una iniciativa ciudadana y el Congreso la discuta. Este concepto forma parte de la última reforma constitucional en materia política que permite a los ciudadanos promover iniciativas para que los legisladores las discutan.

Las organizaciones que presentaron la propuesta consideran que el Congreso ha tardado demasiado en la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en mayo de 2015, por lo que presentaron su propia propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que ellos llaman Ley 3de3, en la cual han trabajando desde mayo pasado.

Esta ley es una de las dos leyes secundarias del sistema y servirá como guía a través de un código con directrices para determinar la conducta esperada de los servidores públicos y las conductas que serán consideradas actos de corrupción.

Con esta ley el soborno, el peculado o desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, la obstrucción de la justicia, la colusión, la utilización ilegal de información falsa o confidencial, el nepotismo y la conspiración para cometer actos de corrupción, serán sancionados.

La iniciativa busca establecer también estándares mínimos de integridad para las empresas, delimitando su responsabilidad administrativa al involucrarse en actos de corrupción. Además de regular los criterios ya establecidos en la Constitución.

En la propuesta se establecen sanciones administrativas contra personas físicas y morales participen en actos de corrupción.

Además se plantean convenios para la denuncia y cooperación en investigaciones de corrupción.

Propone la creación de una plataforma de denuncia sencilla e independiente de los entes vigilados y dar incentivos como recompensas por denunciar.

La propuesta establece que los servidores públicos de todos los estados del país deberán hacer pública su declaración 3de3 la cual será verificable por la autoridad competente y sancionable en caso de omisiones o falsedades.

La propuesta requiere el apoyo ciudadano para que sea revisada por el Congreso por lo que las organización que la promueven pusieron a disposición de los interesados el formato para firmar y apoyar la propuesta en ley3de3.mx/#firma

¿Qué propone exactamente la Ley 3de3?

1. La obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.

2. Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.

3. Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.

4. Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.

5. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.

6. Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave.

7. Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables.

8. Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.

9. Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.